Durante los 60 y 70, pese a las prohibiciones, cada año abortaban en el Estado español alrededor de 300.000 mujeres de forma clandestina.
El movimiento feminista lanzó campañas a favor de la legalización del aborto, por la despenalización de los anticonceptivos y por la información sexual. Gracias a la experiencia en las organizaciones clandestinas y a la influencia de grupos internacionales, el movimiento feminista valenciano creó una estructura clandestina de centros de planificación y aborto que operó entre 1977 y 1979. El modelo se exportó a otras ciudades del estado.
La constitución del 78 no incorporó las demandas del movimiento. Un año después, en Barcelona, organizaciones feministas europeas prepararon una campaña a favor de la maternidad libre. Pero lo que hizo rebrotar la lucha fue el proceso judicial contra 11 mujeres de Bilbao en 1979, acusadas de practicar o someterse a abortos. “Con estas 11 mujeres nos van a juzgar a todas; la respuesta debe ser de lucha y de solidaridad”, afirmaba un panfleto de la Asamblea de mujeres de Bizcaya.
Entre 1980 y 1982, en Sevilla y València, decenas de personas fueron detenidas con la intención de desmantelar la red de centros de información y clínicas clandestinas.
El 1983, el PSOE presentó un proyecto de ley que despenalizaba el aborto en caso de malformación física del feto, violación o peligro para la salud de la madre. El movimiento feminista consideró insuficiente la ley y planteó incluso un proyecto de ley alternativo que, por las presiones de la derecha y los miedos de la izquierda institucional, nunca llegaría a aprobarse.
Andrés GR | Artículo publicado en el Periódico En lucha | Para AraInfo
