Simona Levi, activista de XNET, y Patricia Suárez, miembro de la Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN) han presentado este martes, 20 de marzo, una Proposición de Ley para la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil que pretende que las demandas colectivas y acumuladas puedan ser presentadas desde plataformas de personas afectadas.
La iniciativa parlamentaria ha sido firmada por 15 diputadas y diputados de distintos grupos políticos y tiene como objetivo facilitar las demandas colectivas y agrupadas como podrían ser las derivadas de cláusulas hipotecarias abusivas o daños medioambientales en una determinada pueblo o barrio de una ciudad.
Actualmente, según la legislación estatal vigente solamente pueden presentar demandas colectivas asociaciones de consumidores y el Ministerio Fiscal. Eso hace, por ejemplo, que plataformas de personas afectadas por estafas bancarias masivas, no estén amparadas dentro de los marcos legales y tengan grandes dificultades para denunciar de forma conjunta. En gran parte eso se debe a que los grupos de personas afectadas solamente pueden recurrir a la fiscalía, recurrir a una asociación de consumidores o crear una asociación de este tipo.
Según las impulsoras de la Proposición de Ley “dejando de lado las anomalías de la Fiscalía, que precisan de corrección inminente”, las asociaciones de consumidores "no siempre tienen recursos específicos para causas concretas y, al estar ya muy sobrecargadas de trabajo contra las violaciones de los derechos de los consumidores en general, muchas veces no consiguen dedicar recursos suficientes para temas específicos y masivos".
Así mismo, según se añade desde la iniciativa, “crear una asociación de consumidores para cada caso masivo no es viable, no solo porque la ley indica que las asociaciones deben representar ‘una mayoría’, sino también porque establecerse como asociación de consumidores es un proceso con unos requisitos complejos”. Entre los requisitos más gravosos encontramos el de tener sede en cinco ciudades del territorio estatal.
Acompañadas por los y las diputadas Alexandra Fernández, Ester Capella y Enric Bataller, Levi y Suárez han planteado la modificación de cuatro artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil actual y la inclusión de un nuevo artículo que determinaría que "los grupos de afectados por un mismo hecho dañoso cuando su agrupación tenga como único objetivo el ejercicio de cualquier tipo de acción frente a tales hechos dañosos, podrán acumular cuantas acciones estimen convenientes para su defensa".
Con estas modificaciones se pretende por un lado dar justicia “efectiva y rápida, que no se demore en procesos eternos”. Por otro lado, las organizaciones que forman parte de esta iniciativa consideran que la justicia para causas que afectan a un número elevado de personas van en beneficio de “los defraudadores y no de los perjudicados ni del correcto y deseable funcionamiento de las instituciones”.
