El juicio contra los tres ex altos cargos de la Caja de Ahorros de la Inmaculada (CAI) que comenzó el pasado lunes en la Audiencia de Zaragoza quedó visto para sentencia este pasado miércoles. Tomás García Montes, ex director general de la entidad bancaria, F.J.A.N., miembro del consejo de administración y hombre de confianza de García Montes, Ramón Marrero Gómez, alto cargo de la entidad bancaria y María de los Ángeles A.G., esposa de F.J.A.N., como responsable civil subsidiaria, se enfrentan a penas de 16 años de prisión y a indemnizaciones por valor de 6,3 millones de euros por haberse beneficiado de ventajas a la hora de comprar viviendas a sociedades participadas por la CAI.
Tanto la acusación particular –ejercida por la CAI- como la acusación popular –ejercida por la Confederación Intersindical de Cajas de Ahorros- y la Fiscalía, han rebajado las indemnizaciones de 13 millones a 6,3 millones de euros que solicitaban en un principio contra los tres acusados. Por otro lado, en lo que se refiere a las penas de prisión, las acusaciones siguen pidiendo 16 años de prisión para cada uno de los acusados, la fiscalía solicita tres años para cada uno y la defensa de los tres ex directivos pide la libre absolución.
La rebaja en las indemnizaciones se ha producido tras realizar un reajuste en las valoraciones. Al parecer, se cometió un error en los cálculos que se formularon en el informe pericial, donde se incluyó una de las operaciones inmobiliarias que tenían preparadas los acusados pero que finalmente no se llevó a cabo. Por otro lado, la acusación particular afirma que se cometió un delito de apropiación indebida, la acusación popular entiende que se cometieron delitos de administración desleal y la Fiscalía además, considera que también se incurrió en un delito de estafa.
Durante el juicio, José Luis Paesa, uno de los testigos propuestos por la defensa, empleado de la CAI durante más de 35 años y socio de Arcai –sociedad participada por la entidad bancaria- aseguró que la idea de que los directivos pudieran disfrutar de dichas ventajas partió “de la Dirección General de Zaragoza”. Descuentos de hasta el 50 % de los que se beneficiaron García Montes y F.J.A.N., quienes compraron dos viviendas en el Puerto de Santa María (Cádiz) a la empresa Soto de Vistahermosa –participada de la CAI-. Al mismo tiempo, entre los hechos también figuran que en el año 2007, García Montes, F.J.A.N. y Ramón Marrero contrataron para ellos y sus familias un viaje a Egipto que costó 195.739 euros, y que al parecer cargaron a las cuentas de varias sociedades participadas que pertenecían a la CAI.
A lo largo de las tres sesiones que ha durado el juicio en la Sección Sexta de la Audiencia de Zaragoza, han declarado en torno a 26 testigos, en su mayoría ex miembros de la cúpula directiva de la entidad aragonesa.
