El informe sobre el desarrollo de los Servicios Sociales sitúa a Aragón en un nivel medio y evidencia una realidad: “Los Servicios Sociales aragoneses mantienen un aprobado raspado gracias, en buena medida, al trabajo desarrollado durante anteriores legislaturas, pero los problemas estructurales lejos de solucionarse están empeorando”, señala Verónica Villagrasa.
La Portavoz y Secretaria General de CHA apunta especialmente a la caída de la inversión por habitante y a la falta de profesionales, dos factores que tienen una consecuencia directa: más listas de espera, mayor sobrecarga de quienes trabajan en los servicios sociales y dificultades crecientes para garantizar una atención adecuada en todo el territorio.
Villagrasa reclama además cambiar la mirada sobre la dependencia. “Hay un mantra largamente repetido que conviene recordar: la dependencia no se limita a las residencias”. Para CHA, la atención debe partir de la voluntad de cada persona y, siempre que su situación lo permita, favorecer que pueda permanecer en su domicilio y en su entorno el mayor tiempo posible. “La atención centrada en la persona no consiste en decidir por las personas dependientes dónde tienen que vivir, sino en poner los recursos necesarios para que puedan desarrollar su proyecto de vida con la mayor autonomía posible”, afirma.
Desde CHA advierten de que incentivar fundamentalmente las soluciones residenciales puede tener además un impacto especialmente negativo en el medio rural aragonés, donde la distancia y la falta de alternativas pueden acabar convirtiendo la residencia en la única opción disponible. “Si no reforzamos los servicios de proximidad, la ayuda a domicilio, la atención comunitaria y los apoyos a las familias, estaremos empujando a muchas personas a abandonar sus pueblos y sus casas cuando precisamente lo que necesitamos es garantizar servicios y derechos en todo el territorio”, sostiene Villagrasa.
La portavoz de CHA considera que esta orientación forma parte de un problema más amplio en las políticas sociales aragonesas y señala también los retrocesos en la tramitación de la Renta Mínima de Inserción y en el acogimiento familiar de menores. “No podemos aceptar que la respuesta ante las necesidades sociales sea debilitar la atención cercana mientras aumentan las necesidades y la presión sobre los profesionales”, concluye Villagrasa, que reclama al Gobierno de Aragón “más inversión, más profesionales y una verdadera política de servicios sociales de proximidad, que ponga a las personas y a sus decisiones en el centro”.
