Una vez más el Grupo Municipal del Partido Popular de Zaragoza vuelve a intentar deslegitimar al Gobierno actual de la ciudad desviando la atención mediática de los principales asuntos de la gestión política municipal. Exigen esta vez, que se declare “personas non gratas” en Zaragoza a los integrantes del grupo de música Berri Txarrak por “enaltecimiento del terrorismo y apoyo a los presos de ETA”, acusación que realizan desde el PP sin aportar ningún tipo de prueba que la sustente. A esta petición no ha tardado en sumarse la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).
Esta nueva petición de prohibir la actuación de un grupo de musical no resultará extraña a la ciudadanía zaragozana. Ya por el año 2008, el PP junto a la AVT realizó una maniobra similar con el grupo de música vasco Soziedad Alkoholika (S.A.) solicitando, como en esta ocasión, la anulación de su actuación en las fiestas del Pilar por los mismos motivos que a Berri Txarrak. En el caso de S.A. la acusación fue mucho más allá, ya que la fiscalía junto a la AVT llegaron a solicitar hasta dos años de cárcel para cada uno de los componentes del grupo. Diferentes artistas (entre ellos Berri Txarrak), personajes públicos y actores sociales, participaron en una campaña de apoyo a S.A. bajo el nombre STOP CENSURA. Finalmente el grupo de música fue absuelto del delito de enaltecimiento del terrorismo. Este miércoles hemos conocido la noticia de que el PP de Toledo ha solicitado al Ayuntamiento de la localidad castellana que prohíba el concierto de Soziedad Alkoholika, previsto para este viernes.
El portavoz del grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza, Jorge Azcón, vuelve a realizar acusaciones sin ningún peso, en un intento más de desacreditar a la Plataforma Zaragoza en Común como con las acusaciones de “apoyo al terrorismo” que llegó a lanzar en plena campaña de las Elecciones Municipales de este mismo año.
Como de costumbre, el PP pretende erigirse en portavoz político oficial de las víctimas del terrorismo, aunque no utiliza el mismo rasero para todas las víctimas de la violencia política. En este sentido no debemos olvidar las deleznables declaraciones del portavoz adjunto del PP en el Congreso de los Diputados Rafael Hernando, en las que aludió a quienes únicamente pretenden conocer el paradero de sus familiares asesinados declarando que “los familiares de las víctimas del franquismo se acuerdan de desenterrar a su padre solo cuando hay subvenciones”. Bien es cierto que desde el PP y ciertos sectores de la sociedad civil, todavía no se ha condenado el alzamiento militar contra un gobierno elegido democráticamente en las urnas y la violencia y represión ejercida durante 40 años por el Régimen franquista.
En esta ocasión, la AVT vuelve a ser el coro de las acusaciones que lanza el PP para visualizarse como la voz legitimada para representar a un sector compuesto por diferentes organizaciones y plataformas entre las que se han producido discrepancias sobre el valor de unas víctimas y otras y la utilización política de sus reivindicaciones. En este sentido es paradigmático que Ángeles Pedraza (Presidenta de la AVT) llegase a declarar que "es muy triste que chupen la sangre de las víctimas para hacer política" haciendo alusión a la intervención de Pilar Manjón (Presidenta de la Asociación 11-M Afectados) en el Congreso de los Diputados cuando denunció la manipulación mediática y la gestión política de los atentado del 11M en Madrid.
Estas discrepancias entre ambas asociaciones, también se trasladaron al plano económico en referencia al reparto de subvenciones (las cuales se otorgan en función del tamaño de cada fundación) cuando Manjón tacho de “injusto” el reparto de esas ayudas, dado que el Ministerio de Interior “no comprobaba que la lista de socios estuviera repetida e, incluso, a veces, triplicada” según sus declaraciones a medios de comunicación.
No son estas las únicas especulaciones que han puesto en duda la actuación de la AVT. No hay que echar la mirada muy atrás para ver las diferentes denuncias públicas que se han realizado en contra de su supuesta “gestión opaca” y el “control férreo” por un sector determinado. Entre las diferentes acusaciones publicadas en diversos medios de comunicación, se encuentra la de una contabilidad B, la existencia de “voluntarios” en nómina, incluso la manipulación de elecciones a la presidencia de la organización por Pedrazo y su equipo. Otro de los casos más escandalosos sucedió en el 2012 cuando la AVT trato de convertir en víctima del terrorismo al entonces consejero y número dos de Pedraza, Miguel Folguera, asegurando ser uno de los afectados por un atentado en Madrid en 1978. Tras la denuncia de una de las psicólogas de la asociación de los intentos de convertir a Folguera en víctima del terrorismo, Pedraza, según se publicó, despidió a la psicóloga.
No solo la actuación de la AVT ha sido puesta en duda en este sentido; también fueron objeto de sospechas determinados líderes del PP, quienes como Mayor Oreja, crearon nuevas Agencias de Seguridad Privada que se vieron beneficiadas por la Ley de Seguridad de 1992. Tras la aprobación de dicha Ley, las tareas de escolta (anteriormente realizadas por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado) pasaron a ser competencia exclusiva de las agencias privadas, reportando cuantiosos beneficios a estas empresas. La nueva Ley de Seguridad ciudadana aprobada este mismo año vuelve a otorgar nuevas competencias a estas agencias, que aumentan su nicho de negocio y se convierten en una herramienta de control político que escapa del control del Estado de Derecho.
El PP no ha sido la única organización política en estar ligada a la AVT y es que esta asociación llegó a declarar que “se sentía engañada por el PP”, llegando incluso a manifestarse en contra del Gobierno de Mariano Rajoy. Tras estas tensiones, la AVT visualizó su apoyo a la organización política UPyD, liderada en aquel momento por Rosa Díez, quien según señalaron algunos medios, mantuvo conversaciones con Ángeles Pedraza, llegando a proponerle que se integrase en alguna de las listas de UPyD.
Maite Pagazaurtundúa, Presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo entre los años 2002 y 2012, sí acepto la oferta de UPyD para ser la número dos de la organización magenta en las Elecciones Europeas del 2014, actualmente es la portavoz del partido en el Parlamento Europeo. Tras el declive político de UPyD, la AVT parece haber encontrado un nuevo compañero de viaje en el partido liderado por Albert Rivera, Ciutadans.
Por lo tanto queda claro que desde una parte de la sociedad civil organizada determinados sectores tienen capacidad para incidir en la vida política y se acepta que se organicen para hacerlo, aunque esto no ocurre cuando son otros los ámbitos sociales o diferentes las reivindicaciones. No dejan de ser curiosas algunas declaraciones de representantes del PP haciendo alusión a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) criticando sus medidas de presión mediante la movilización y retándoles a que “si querían hacer política se presentaran a las elecciones”.
Cuando algunas de las nuevas formaciones políticas han recogido muchas de esas reivindicaciones, pretendiendo trabajar esta vez desde dentro de la institución, se han encontrado con las mismas voces intentando deslegitimarlas antes de tener argumentos para poder criticarlas por su propia gestión política.
A pesar de ser una estrategia sucia y manida, la difamación carente de argumentos y el intento de desprestigio siguen cumpliendo su papel cuando hacen alusión a temas que, como el terrorismo, han sido tan instrumentalizados. La instrumentalización de este tema ha llegado al punto de que determinados sectores han conseguido crear una polarización tan maniquea que les permite tildar de terrorista, radical o violenta a cualquier persona que se cruza en su camino o que levanta la voz para denunciar una injusticia. Para ello tienen a toda la caverna mediática a su disposición y, lo que es peor, cuentan también con la tibieza de una sociedad que sigue permitiendo que instrumentalicen y rentabilicen determinados detalles en lugar de rendir cuentas por sus propios desmanes.
Lamentablemente, se cae en su juego cuando desde una parte importante de la sociedad civil se sigue esperando, incluso exigiendo, una negación cada vez que se dan este tipo de acusaciones. Se cae en su juego cuando los propios medios de comunicación tratan de forzar una respuesta, de pedir una explicación o una justificación que debería ser solicitada a quien lanza una acusación sin pruebas y no a quien la recibe.
