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Valdespartera+Coles: «Si el Ayuntamiento no recurre la sentencia se cerraría la puerta a un nuevo colegio público en el barrio»

La Plataforma Valdespartera+Coles ha recibido "como un jarro de agua fría" la sentencia que permitiría construir un centro educativo privado en suelo público. FAPAR ha criticado la sentencia y el grupo contra los conciertos educativos pide al Ayuntamiento recurrir la decisión.
| 12 noviembre, 2014 10.11
 Foto: Valdespartera +Coles

Foto: Valdespartera +Coles

La Plataforma Valdespartera+Coles ha recibido «como un jarro de agua fría» la reciente sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Zaragoza que anula la cláusula municipal que prohíbe la cesión de suelos públicos para fines privados y lucrativos. Esta cláusula había sido recurrida por la DGA con el fin de permitir la instalación de un colegio privado en solares calificados como equipamientos educativos públicos en el barrio de Valdespartera.

La Plataforma considera que la construcción en dicha parcela de un colegio privado subvencionado, como quiere la Consejería de Educación de la DGA, paralizaría la construcción de un colegio público. «Sin ese colegio público que abriera su admisión hasta niños y niñas de 2011, y donde pudiéramos matricular a las y los que quedaron fuera del barrio en el proceso de admisión este año. Es decir, deja a nuestros niños y niñas sin posibilidades de retorno», lamentan en una nota de prensa.

A juicio de Valdespartera+Coles, si el Ayuntamiento de Zaragoza no recurre la sentencia, se cerraría casi definitivamente la puerta a un nuevo colegio público en el barrio. Y la construcción de un nuevo instituto también sería poco probable. «Es decir -añaden-, nuestros niños y niñas estarían condenados a completar su escolarización fuera del barrio no solo en infantil y primaria, sino también en secundaria y bachillerato».

Para la Plataforma esto supone una mayor dificultad en la conciliación de la vida laboral y familiar, y un «esfuerzo económico en tiempos de difíciles» que «descuadran el presupuesto a muchas familias». «Familias que no han elegido que sus niños y niñas se escolaricen lejos de sus casas, y a las que ha sido un sorteo y la falta de previsión de la DGA la que les ha puesto en esta situación», aseveran en la nota.

«Nos sorprende lo fácil y rápido que, según hemos leído en la prensa, van a sacar una oferta pública, y concierto para que este construido en septiembre de 2015. Contrasta con las ‘grandes dificultades’ que para la DGA hay para construcción de un nuevo colegio público y su inclusión en el actual plan de infraestructuras», denuncian.

La Plataforma tampoco entiende que «en los tiempos que corren se pueda ceder suelo público, de todos, a una entidad privada y se hable de un concurso público, mientras nos cuentan que hay un grupo dispuesto a invertir 16 millones de euros».

FAPAR lamenta la sentencia que permitiría construir un centro educativo privado en suelo público

Por su parte, la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado de la Escuela Pública de Aragón (FAPAR) ha manifestado su preocupación por la sentencia dictada que anula la decisión del Ayuntamiento de Zaragoza de condicionar la cesión de suelo público al Departamento de Educación para construir centros educativos públicos.

«La confusión existente entre lo público y lo privado es preocupante y deja a los ciudadanos en una situación de indefensión que no es propia de un Estado de Derecho. Que el Ayuntamiento esté obligado a ceder suelo público, que es de todos, al Departamento de Educación para construir centros educativos públicos garantiza el derecho fundamental a la educación que es competencia y obligación de la Administración. Pero que el Departamento esté dispuesto a ceder ese suelo a la iniciativa privada para que esta desarrolle su particular negocio, en este caso con la educación, nos parece un atentado a la ciudadanía», han señalado.

A juicio de FAPAR, «Todos somos sabedores de la necesidad de plazas escolares públicas en las zonas de expansión de la ciudad, en particular en Valdespartera; todos somos conocedores del sufrimiento y las dificultades que decenas de familias están padeciendo al no poder escolarizar a sus hijos en su entorno, habiendo sido desplazadas varios kilómetros, por la dejación de nuestro Gobierno de su responsabilidad para disponer de una oferta pública suficiente; todos somos conocedores de lo disposición de espacios que el Ayuntamiento ha hecho en los últimos años para la construcción de equipamientos escolares y deportivos públicos y cómo el Departamento, con la excusa de la crisis económica, ha mirado para otro lado, a la espera de que la iniciativa privada le resolviese ese problema; todos sabemos que los cambios legislativos que se han estado diseñando y aprobando con el PP en el gobierno estatal y autonómico van encaminados a un único fin: un cambio radical del modelo social actual». «Y para ello -añaden- se ha transformado, entre otras normas, la Ley de Educación y la Ley de Bases de Régimen Local, que permiten que se haga negocio con el derecho fundamental a la educación, destruyendo la equidad y la igualdad de oportunidades de las y los ciudadanos».

«Nos produce hilaridad leer que la DGA está dispuesta a acelerar la licitación del colegio privado, cuando se han negado sistemáticamente a avanzar en obras de centros públicos que llevan un retraso considerable, de lo que son damnificadas directos las familias de Vadorrey, de La Almunia, de Rosales, de Valdespartera, de Cuarte, de La Puebla, de Villanueva, etc…», apostilla FAPAR.

Desde FAPAR esperan, puesto que la sentencia no es firme, que el Ayuntamiento la recurra y aprovecha para «solidarizarnos con todas las familias de Valdespartera que han recibido esta noticia con la desesperación que les produce ver la educación de sus hijos e hijas alejada de su entorno y con un coste que muchas de ellas tendrán dificultades para asumir».

Por último, instan al Departamento de Educación a realizar una planificación educativa que permita ofertar las plazas escolares públicas suficientes para atender la demanda existente y le exigen que «cumpla con su obligación de ser la Administración de todos garantizando la construcción inmediata de los centros públicos que la ciudanía le está demandando».

El grupo contra los conciertos educativos pide recurrir la decisión sobre el solar de Valdespartera

El grupo contra los conciertos educativos, integrado por IU, CHA, MHUEL, CGT y STEA-i, han manifestado su «más absoluto rechazo» a la decisión sobre el solar para equipamientos educativos de Valdespartera y han pedido al Ayuntamiento de Zaragoza que recurra la sentencia judicial, como adelantó IU este martes.

«Manifestamos nuestro más absoluto rechazo a esta decisión, ya que supone un nuevo golpe a la educación pública», han afirmado. Y han recordado que las familias de Valdespartera llevan tiempo «reclamando y luchando para exigir plazas públicas suficientes» para los escolares de la zona, apostando en su gran mayoría por la escuela pública.

«La decisión de la Diputación General de Aragón (DGA) de privatizar un solar concediéndoselo a una empresa para que hagan negocio con la educación de sus niños y niñas no atiende a las necesidades educativas de la zona», han agregado para afirmar: «En ningún caso se debe ceder terreno público para un negocio privado, como es un colegio concertado, porque lo que es público debe estar destinado a uso público exclusivamente».

Desde estas organizaciones han informado de que seguirán reclamando en las instituciones y movilizándose en la calle hasta conseguir los equipamientos públicos necesarios para el barrio de Valdespartera.

La FABZ también exige al Ayuntamiento que recurra la sentencia

También desde la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza han exigido al Ayuntamiento que recurra la sentencia. Para la FABZ la anulación de esta cláusula supondría «un golpe de incalculables proporciones» para el futuro de la enseñanza pública en Zaragoza. «Cualquier empresa privada dedicada a la enseñanza tendría la puerta abierta para obtener gratuitamente suelo público para instalar colegios privados», advierten.

La FABZ quiere destacar «lo que cualquier ciudadano o ciudadana con un mínimo de sentido común puede comprender: si en Valdespartera ha de ser viable y rentable para la empresa privada la instalación de un colegio privado o concertado es porque allí existe una demanda de plazas escolares que no son cubiertas con la oferta de la administración pública».

Para la FABZ «el colmo de la política» que se está llevando a cabo en Aragón, con relación a la educación, «llega cuando no solo se subvenciona a la enseñanza concertada, sino, como en este caso, se pretende regalarles solares que son de propiedad municipal es decir, de todos y todas, y calificados por la legislación municipal como equipamientos públicos, es decir, para todos y todas, impidiendo con ello que se pueda cubrir la actual demanda de plazas escolares públicas».

«Con todo esto -continúan-, suena a chiste y a puro sarcasmo que el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza argumente que el futuro colegio de Valdespartera va a crear 200 puestos de trabajo: como si los colegios públicos no los crearan también y pudieran funcionar sin maestros y maestras».

Por último, «pero no menos importante», la FABZ denuncia el argumento del sometimiento a la ley que exige el grupo del PP para renunciar a los derechos municipales sobre los solares en cuestión. «La sentencia de la jueza que obliga a la cesión de los mismos se basa en la Ley de Educación del ministro Wert, la LOMCE, una ley que está recurrida a su vez ante el Tribunal Constitucional, y que fue aprobada sin el más mínimo consenso parlamentario y con el rotundo rechazo de la sociedad», recuerdan.

«Es muy fácil reclamar cumplimiento de las leyes cuando estas se pueden cambiar a conveniencia del partido de turno en el poder. Frente a esta ley, y la sentencia de una jueza de un Tribunal de lo Contencioso Administrativo, se alza toda la legislación urbanística que a lo largo de los años se ha ido elaborando y aprobando para garantizar desde el planeamiento urbanístico  una  justa y equitativa prestación de los servicios públicos a los que los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho», concluyen.

12 noviembre, 2014

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