Tras la ratificación del Acuerdo de París, 190 Estados se comprometieron a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) con el objetivo de frenar el ya inevitable proceso de cambio climático que sufre el planeta. El Gobierno español firmó el acuerdo el pasado 18 de abril, y únicamente está pendiente la ratificación del mismo por el Congreso, que actuará a instancia del Consejo de Ministros.
Una votación favorable parece segura, dadas las posiciones que ya han manifestado todos los grupos políticos con representación parlamentaria, incluido el PP. Sin embargo, la ratificación no llega debido al actual bloqueo institucional y a que diversas voces cuestionan “la urgencia o incluso la legalidad de tramitar un asunto de este tipo antes de la formación de un Gobierno”, según explica la carta. También son múltiples las opiniones políticas que estiman que con apoyar la ratificación a nivel europeo, formalizada el pasado martes, es suficiente.
Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF consideran que es “de suma importancia” que el Estado español también ratifique el acuerdo en solitario. “A nuestro país le interesa ser visible y situarse en primera fila en la lucha contra el cambio climático. Somos uno de los Estados europeos más vulnerables a sus impactos, pero al mismo tiempo uno de los mejor posicionados para avanzar en la mitigación y adaptación, y así estimular la innovación, la transición hacia un nuevo modelo económico y la creación de cientos de miles de empleos sostenibles y de calidad”, señala la carta.
Las ONG ambientales subrayan, además, que la ratificación de un acuerdo internacional de “incuestionable interés general” se encuadra entre las atribuciones de un Ejecutivo en funciones. Asimismo, explican a Rajoy que este convenio sólo entrará en vigor una vez que 55 países, que sumen al menos un 55% de las emisiones mundiales, hayan depositado sus instrumentos de ratificación en la Organización de Naciones Unidas. En este sentido, las organizaciones solicitan una mayor contundencia en la lucha contra el cambio climático en el Estado español con una apuesta firme por las energías renovables y la eliminación de los combustibles fósiles.
“La importancia y transcendencia de este acuerdo, aconseja que este proceso se desarrolle con carácter urgente”, concluyen. No obstante, y aunque se tramitase con prontitud, el Estado español ya no podrá participar como parte de pleno derecho en los órganos del acuerdo que se convocarán en la relevante COP22. Sí se sumará a los estados que ya han mostrado su intención de ratificar el acuerdo.
