La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha elaborado un documento de propuestas para las elecciones estatales del próximo 29 de noviembre, que trasladará a las fuerzas políticas que concurren a los comicios. El objetivo de la organización es que sus principales reivindicaciones se traduzcan “en compromisos concretos y medidas de gobierno”. La organización considera “imprescindible que la agricultura y la ganadería familiar y profesional ocupen un lugar prioritario en la agenda política”, por su contribución a la producción de alimentos, la generación de empleo y la vertebración territorial.
El documento recoge 16 propuestas que abarcan “los principales desafíos del sector agrario”, desde la rentabilidad de las explotaciones y el reparto justo de las ayudas públicas hasta la incorporación de jóvenes, la adaptación al cambio climático, la sanidad animal y vegetal o la mejora de los servicios públicos en el medio rural. UPA reclama a los partidos políticos “que incorporen estas medidas a sus programas electorales” y que, tras las elecciones, las conviertan en “actuaciones efectivas de gobierno”.
Ley de Agricultura Familiar: “Irrenunciable”
Entre las principales reivindicaciones destaca la aprobación de una Ley de Agricultura Familiar que reconozca jurídicamente este modelo de producción y permita priorizar el acceso a las ayudas públicas, las inversiones, la tierra, el agua y las políticas fiscales “de quienes trabajan directamente en sus explotaciones y mantienen la actividad económica en el territorio”.
UPA también reclama una Política Agraria Común (PAC) “con presupuesto suficiente, que evite la renacionalización y redistribuya las ayudas en favor de las explotaciones familiares pequeñas y medianas”. Para ello, propone reforzar los mecanismos redistributivos, la degresividad y los límites máximos de las ayudas, además de impedir que los fondos de inversión que acaparan tierras agrarias puedan beneficiarse de fondos públicos de la PAC.
La rentabilidad constituye otro de los ejes centrales del documento. La organización exige reforzar la Ley de la Cadena Alimentaria y dotar a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) de mayor capacidad inspectora y sancionadora, “convirtiéndola en Agencia Estatal, con más controles de oficio y mejores sistemas públicos de referencia de costes y precios”. El objetivo es garantizar que los agricultores y ganaderas reciban precios que cubran sus costes de producción y evitar que los incrementos de los insumos recaigan sistemáticamente sobre el eslabón más débil de la cadena.
El relevo generacional y el acceso a la tierra ocupan también un lugar destacado. UPA propone un gran Plan estatal que combine “ayudas reforzadas a la primera instalación, financiación preferente, avales, incentivos fiscales a la transmisión y el arrendamiento de explotaciones, bancos de tierras y medidas específicas para facilitar la incorporación de mujeres al sector”.
Adaptar el sector agrario a los nuevos riesgos climáticos y sanitarios es otra de las prioridades. UPA reclama “una revisión profunda del sistema de seguros agrarios, con más financiación y coberturas ajustadas a la realidad de sequías, olas de calor, inundaciones, incendios y enfermedades emergentes”.
Las propuestas incluyen, además, “una política estatal del agua que garantice recursos suficientes y fomente la modernización y la eficiencia de los regadíos, un pacto de Estado para prevenir incendios forestales mediante la gestión activa del territorio y un sistema permanente de seguimiento de los precios de los insumos y de los márgenes empresariales”, con un papel reforzado de la Comisión Estatal de los Mercados y la Competencia.
Asimismo, la organización plantea igualmente medidas para facilitar el acceso a una energía asequible, reducir la burocracia administrativa, reconocer los servicios ambientales de la ganadería extensiva “y garantizar condiciones de competencia justas frente a las importaciones agroalimentarias, mediante cláusulas espejo, controles fronterizos suficientes y salvaguardias ante perturbaciones graves del mercado”.
El documento se completa con propuestas para reforzar la sanidad animal y vegetal, adaptar la fiscalidad y la financiación a la volatilidad de la actividad agraria y garantizar servicios públicos, vivienda, transporte y conectividad en el medio rural. Para UPA, “el futuro de la agricultura y la ganadería familiar depende también de que las personas que viven y trabajan en los pueblos puedan acceder a servicios esenciales en condiciones adecuadas”.
“Impulsar una política estatal específica que garantice que residir y desarrollar una actividad agraria en el medio rural no suponga un acceso inferior a los servicios esenciales. La continuidad de la agricultura y ganadería familiar depende también de que agricultoras, ganaderos, trabajadoras y sus familias puedan acceder a vivienda, sanidad, educación, cuidados, transporte, conectividad y servicios administrativos en condiciones adecuadas”, reiteran desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderas.
Para ello, UPA y Fademur subrayan que, “es necesario desarrollar un Plan de Vivienda Rural que movilice vivienda vacía, facilite la rehabilitación y el alquiler asequible y favorezca el acceso a vivienda de jóvenes, nuevas incorporaciones agrarias y trabajadores del sector; mejorar el transporte público rural, mediante servicios flexibles y transporte a demanda que permitan acceder a cabeceras comarcales, centros sanitarios, educativos y administrativos, asegurar una conectividad digital de calidad y asequible en todo el territorio, tanto para viviendas como para explotaciones agrícolas y ganaderas, mantener una red suficiente de servicios bancarios, postales, comerciales y administrativos, evitando que la digitalización sea la única vía de acceso a servicios esenciales”, concluyen.
