Los colectivos, que el 9 de abril de este año solicitaron al rector la denuncia del convenio de colaboración con el Arzobispado, han tenido conocimiento de que, a fecha del 23 de mayo de 2018, desde Rectorado se remitió al Arzobispado de Zaragoza un escrito por el que se traslada la voluntad de la Universidad de Zaragoza de no prorrogar el Convenio Específico de Colaboración firmado entre ambas instituciones el 31 de agosto de 2012.
Dicho convenio finaliza su vigencia el 31 de agosto de 2018, lo que supone el cumplimiento de lo establecido en la cláusula cuarta del mismo, la cual dice lo siguiente: "La duración del presente convenio será de dos años, prorrogables por periodos de igual duración, salvo voluntad de una de las partes manifestada fehacientemente a la otra con una antelación mínima de tres meses al vencimiento del mismo”.
A la vista de lo anterior, los 16 colectivos que mostraron su desacuerdo con la prórroga del convenio, piden al rectorado que les comunique formalmente la decisión pues según han advertido, desconocen el contenido del escrito. “Toda la información ha sido extraída de un correo electrónico enviado por el jefe del gabinete del rector”.
“Suponemos que para el curso 2018-19 el espacio ocupado hasta ahora –parte superior del Edificio de Servicios– será abandonado por sus ocupantes actuales”, han advertido en una nota de prensa. Estos colectivos consideran que el profesorado asociado que imparte la asignatura de Religión, asignatura optativa de oferta obligatoria en los grados de Magisterio según los acuerdos con la Santa Sede, debería tener un tratamiento similar al resto del profesorado asociado en la Facultad de Educación, en cuanto a su ubicación, mientras dichos acuerdos con la Santa Sede duren.
Aun así celebran la decisión tomada por el Rector y esperan “que este sea un primer paso para que se comiencen a escuchar las reclamaciones de la comunidad universitaria, revirtiendo la situación actual en la que se priman las opiniones de instituciones ajenas a la universidad por encima de las de la propia comunidad”. Asimismo, reclaman una mayor labor de transparencia y diálogo desde el equipo de rectorado hacia todos los colectivos universitarios.
Por último han agradecido la participación de toda tanto al personal de servicios, los y las docentes, como a estudiantes, entendiendo que “sin cuya movilización y apoyo no se hubiera conseguido que la Universidad tomara esta decisión”.
El conjunto de colectivos – CAPAS, CAPI, CAPI-Facultad de Educación, CEPA, CHEN, CLARITA, IQUIQUE, EDU, PAS Somos Universidad, personal de UGT, Feminismo Unizar, Frente de Estudiantes, La Algara, Marea Verde Universidad, Purna y SEI – recuerda que seguirá “luchando y trabajando por una Universidad Pública, Laica y de Calidad, para todas y todos”.