Mediante una batería de preguntas, la formación busca conocer los motivos y los responsables de que ese dinero público no se destinará a los proyectos comprometidos.
Estos 140 millones de euros proceden de un convenio que firmaron el Gobierno de Aragón y el español en 2008, que tenía por objetivo construir una red de depuración para que los municipios situados en cabeceras de ríos o espacios medioambientalmente sensibles dejaran de contaminar sus aguas. Los proyectos financiados se calificaron como Obras de Interés General del Estado.
"Casi 10 años después, la gran mayoría de los pueblos pirenaicos continúan sin depuradora porque nunca llegó ese dinero a los ayuntamientos. El Gobierno de Aragón destinó estas partidas a otros proyectos. Algunos de ellos nada tenían que ver con el ciclo del agua, como las plantas de tratamiento de purines o el pavimentado de calles", afirman desde Unidos Podemos.
Las obligaciones que se derivan de este convenio firmado en su día por los gobiernos socialistas estatal y aragonés, que vence al final de 2017, siguen vigentes. En vista de su incumplimiento, Unidos Podemos pregunta, entre otras cosas, por qué el Gobierno español no vigiló el cumplimiento con la efectiva construcción de las depuradoras contempladas del plan de saneamiento y si van a exigir responsabilidades por el mismo al Gobierno de Aragón.
Unidos Podemos pregunta también si parte de estos 140 millones proceden de fondos europeos. En ese caso, la Comisión Europea podría exigir responsabilidades por el incumplimiento de las condiciones y el destino de esas partidas.
“Si el dinero se gastó en otras cosas, no basta con echar la culpa a la DGA. El Gobierno de España tiene la obligación de velar por el cumplimiento del convenio y debería trabajar para esclarecer qué ha pasado con esta importante cantidad de dinero público”, señala Pedro Arrojo, diputado por Zaragoza de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados de Madrid.
Arrojo pregunta “qué medidas tiene previstas el Ejecutivo para llevar a cabo el cumplimiento definitivo del convenio, que garantice la construcción de esas depuradoras con una financiación al 100% pública estatal y atendiendo a la normativa vigente para la construcción de obras de interés general del estado”.
