Política

Una pequeña (y casi unánime) revolución social

Las Cortes de Aragón cierran este mes una intensa legislatura en lo que se refiere a la declaración de derechos, con un amplio paquete legislativo cuyas principales normas han salido adelante por unanimidad mientras la escenificación de las tensiones quedaba reservada para los asuntos económicos y los identitarios
| 10 marzo, 2019 07.03
Una pequeña (y casi unánime) revolución social
Los grupos políticos representados en las Cortes han ido de la mano para declarar derechos y se han enfrentado en las cuestiones económicas, las identitarias y las de memoria.

¿Quién puede oponerse a que a alguien le corten la luz por no poder pagarla? ¿Y quién no considera reprochable y sancionable que discriminen a alguien en un local o una empresa por su condición sexual? ¿Alguien disiente de que un país es mejor si sus instituciones hacen lo posible por que no se quede sin casa quien no tiene otro techo disponible? ¿Cómo argumentar que no es oportuno reservar un 2% de las plazas de funcionario para mujeres maltratadas o un 1% para personas transexuales?

Las Cortes de Aragón más fragmentadas de la corta historia de la comunidad autónoma han ido contestando a esas preguntas, y a otras, con la respuesta obvia y de manera unánime en la legislatura que ahora se acaba. La sintonía que han mostrado los siete partidos de la cámara en la producción legislativa ha tenido su contraste en el tono de unos debates parlamentarios a menudo emborronados con una confrontación y unas tiranteces más vinculadas al márketing político que a otra cosa.

Sus señorías, pese a la teatralización que caracteriza a la actividad política, han jugado más bien poco con las cosas de comer y han dado muestras de una multilateralidad que, a priori, casi nadie esperaba en uno de los escasos parlamentos en los que nunca ha habido una mayoría absoluta. El primer debate de presupuestos incluyó la aprobación de enmiendas con casi todas las combinaciones políticas posibles.

Y la reforma de la ley de Bienestar Animal , que en la práctica blinda la presencia de espectáculos circenses con animales en la comunidad, fue, de hecho, una fiesta de la multilateralidad: el PP hacía piña con el PSOE para rechazar las enmiendas animalistas del Par y de Ciudadanos, que rechazaban la presencia de cualquier tipo de animal en los circos, y que Podemos apoyaba con menos énfasis del que ponía en alabar el texto propuesto por el Gobierno.

Aragón ha aprobado o reformado en esta legislatura 48 leyes y ha convalidado 21 decretos, y quedan varios proyectos en el cajón, como la ley de autónomos, entre otras. Se trata de una producción intensa, aunque incluye algunas iniciativas “de trámite” como la creación de varios colegios profesionales (los de economistas, ingenieros técnicos e informáticos y periodistas) o la refundición de algunas normativas.

Ha sido una legislatura de avances en materia social, aunque también con lagunas como la incapacidad demostrada por la izquierda para sacar adelante la renta social básica, aparcada tras ser inicialmente presentada por PSOE y Podemos como el principal proyecto del cuatrienio, y con rupturas sonadas, como la alianza de los socialistas con el bloque de centro derecha para sacar adelante el aumento de créditos para la enseñanza concertada mientras sus socios de Cha y sus aliados morados y de IU votaban en contra.

No obstante, este último debate tuvo más de escenificación, o de error (premeditado o no) que otra cosa, ya que los conciertos previamente asignados a los colegios privados obligaban a la comunidad autónoma a cubrir esa financiación, quisieran o no sus responsables.

El paquete social

Convalidaciones y leyes ‘de trámite’ al margen, la producción legislativa de estos casi cuatro años puede dividirse en varios bloques entre los que destaca el paquete social, aprobado con la unanimidad de todos los grupos.

En este bloque destaca la Ley de Emergencia, derivada de un decreto previo, con tres puntos clave: la inembargablidad de las ayudas sociales, el veto a los desahucios sin techo alternativo, que deberían pasar por una mediación previa, y la puesta a disposición de viviendas de la banca procedentes de ejecuciones hipotecarias para articular una bolsa social.

El consenso en Aragón, sin embargo, encontró la oposición del Gobierno central, que llevó ambos textos al Constitucional, que tumbó las dos primeras medidas mientras la Consejería de Vertebración del Territorio que dirige José Luis Soro (Cha) comenzaba a articular la tercera mediante convenios con las entidades financieras a los que se han adherido Bantierra, Caja Rural de Teruel y Caixabanc.

La ley que regula la prestación concertada de los servicios sociales, derivada también de un decreto, se suma a la Ley Trans y a las de Igualdad de Género  y de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, con un duro régimen sancionador para los casos de discriminación y con aportaciones pioneras en el Estado como la reserva de un 2% de las plazas para mujeres maltratadas y “al menos un 1%” para personas transexuales en las oposiciones para puestos de funcionario.

A ellas se les suman las de pobreza energética, que dificulta la posibilidad de cortar el suministro por impago a las familias en situación vulnerable, y la del deporte, con un veto a la publicidad de las apuestas deportivas en los estadios que la pasividad de Madrid ha convertido en agua de borrajas en lo que se refiere al deporte de élite: los clubes que participan en competiciones profesionales pueden exponer impunemente anuncios de juego online por tratarse de un sector cuyo funcionamiento supervisa la administración central y no la autonómica. Y lo hacen, vaya que si lo hacen.

El bloque económico

El bloque económico ha sido el de mayor producción, con veintiuna nuevas normas, a las que se suman las leyes presupuestarias, en las que, al contrario de lo ocurrido en el social, apenas ha habido consenso: una cosa es declarar derechos sin coste monetario, o de baja exigencia, y otra, muy distinta, definir cómo se recauda y cómo se gasta el dinero.

Aquí las diferencias por grupos políticos han sido claras, con divisiones como las que se dieron en la financiación de la enseñanza concertada  y la rebaja de impuestos a las grandes fortunas en los impuestos de Sucesiones y Donaciones, que el PSOE sacó adelante con el apoyo del centro-derecha y que se suma a otra que permite aplazar los pagos  en caso de recurrir a la figura de la fiducia, o en la recuperación de los servicios públicos, una reforma tributaria que incluía la subida del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, la creación de un tributo a los pantanos de producción hidroeléctrica y la subida de la tasa de los hidrocarburos que sacó en bloque la izquierda.

Las posiciones en torno a esta última resultaron llamativos, con unas predicciones catastrofistas sobre su eventual efecto en la actividad económica que, dos años después, se vieron superadas por la decisión del Gobierno central de rescatar ese tributo y duplicarlo. De eso no se ha hablado en las Cortes, pese a sus obvios efectos en los bolsillos de los ciudadanos.

El grueso de la producción normativa en este bloque, no obstante, ha estado dedicado a la intendencia, con leyes como la que reordenaba los sueldos públicos, el ajuste presupuestario de 2017, el rescate de las plataformas logísticas, la reforma de la de salud para poder convocar oposiciones o la que regula las subvenciones a los clubes deportivos de élite.

Cierran este bloque, que  también incluye el nuevo marco para las policías locales , la preferencia del hospital Provincial de Zaragoza pata heredar de los enfermos que mueren en él sin sucesores o la de justicia gratuita, las normas sobre el diálogo social y la que liberaliza un poco más la apertura de comercios en festivos, que, pese a sus efectos nocivos para el pequeño comercio, no es más que una adaptación a la legislación estatal. Y se les suman algunas sectoriales como las del taxi, la de venta de productos agroalimentarios, la de investigación e innovación y la del voluntariado.

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Las discrepancias que los bloque del centro a la izquierda y a la derecha muestran en el plano económico se han hecho patentes, aunque con matices, cuando la cámara ha tocado temas identitarios. Ocurrió con la Ley de Memoria Democrática, que proscribe el enaltecimiento del franquismo y da un plazo de 18 meses para retirar de los espacios públicos los símbolos de la sublevación y la dictadura, y con la de Actualización de los Derechos Históricos, que reivindica la figura de la “nacionalidad histórica” para los territorios de la actual comunidad autónoma y que el Gobierno de Pedro Sánchez ha llevado al Constitucional al entender que ataca el concepto de soberanía nacional. Ambas salieron adelante con el voto de las cuatro formaciones de la izquierda (PSOE, Podemos, Cha e IU), a los que se sumaron los del Par en el primer caso y los de Ciudadanos en el segundo.

Estos dos últimos partidos coincidieron con el PP en rechazar la Ley de Capitalidad de Zaragoza, la aplicación de uno de cuyos artículos en el ayuntamiento dio lugar a una disparatada situación  en la que, pese a la corrección emitida por el Constitucional sobre la gestión de las empresas municipales, la cámara autonómica, responsable del desaguisado, ha acabador por irse mediáticamente de rositas de esta polémica.

Y tampoco hubo acuerdos unánimes para una de las normas de transparencia, como la Ley de Integridad y Ética Públicas, que sí obtuvieron otras como la de Cuentas Abiertas, que obliga a los ayuntamientos de más de 20.000 vecinos a publicar sus movimientos cada seis meses, o la de reforma de los órganos de gestión de la radio y la televisión autonómicas.

10 marzo, 2019

Autor/Autora

Periodista. @e_bayona


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