En apenas unos días, Zaragoza ha vuelto a recibir el golpe seco de una realidad que no es excepcional, pero sí profundamente injusta: la gente pierde su casa mientras cierta política mira hacia otro lado. Dos desahucios en una sola semana, con historias distintas pero una raíz común, desmontan el relato de que la vivienda sea hoy una prioridad real para quienes gobiernan.
Margarita tiene 69 años, cobra una pensión de 800 euros y pagaba un alquiler de 500. Tiene reconocida una discapacidad del 45 % y ha salido de una situación de violencia machista. Aun así, fue desahuciada de su casa en el paseo Constitución sin que se le ofreciera ninguna alternativa habitacional a largo plazo, estará 15 días en el Albergue y fuera. Todo ello pese a haber solicitado acogerse a la nueva moratoria antidesahucios, aprobada apenas dos días antes.
Ese mismo día entraba en vigor el nuevo decreto del Gobierno central. Se presentó como una medida de protección, pero la realidad es otra bien distinta. El decreto deja fuera a la mayoría de inquilinos e inquilinas, endurece los requisitos respecto a la moratoria anterior y parece diseñado para no incomodar a pequeños rentistas. En el fondo, asume con una naturalidad pasmosa que quien no puede pagar, simplemente se vaya a la calle.
En el caso de Margarita, ni siquiera se respetó ese marco mínimo. Sus caseros poseen seis viviendas, por lo que, en teoría, el desahucio debía haberse suspendido. No ocurrió. El juzgado ordenó el lanzamiento y la policía lo ejecutó. La ley, una vez más, quedó reducida a papel mojado.
La escena fue tan reveladora como dura. Un despliegue policial desproporcionado, cargas contra las personas que trataban de impedir el desahucio, dos personas heridas y cinco identificadas. Para garantizar una propiedad privada hubo rapidez y contundencia. Para garantizar el derecho a una vivienda digna, no.
Solo unos días después, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y el movimiento vecinal de Torrero alertaban de un nuevo intento de desahucio: el de Hamza y sus tres hijos menores. En ocasiones anteriores, la movilización social y vecinal había logrado frenar el lanzamiento de manera temporal. Esta vez no fue así. El día 10 de febrero el desahucio se ejecutó, de nuevo con un despliegue policial desmedido que la propia Plataforma llegó a calificar como “prácticamente militarizado”.
Mientras tanto, ni el Gobierno de Aragón ni el Ayuntamiento de Zaragoza ofrecieron ninguna alternativa habitacional. Ni para Margarita, ni para Hamza, ni para las más de 12.000 personas que esperan una vivienda social en esta ciudad. Eso sí, cuando se trata de destinar dinero público a rentistas, constructoras o grandes operaciones urbanísticas, el acuerdo político suele ser rápido y casi unánime.
Nada de esto ocurre por casualidad. Es el resultado de decisiones políticas concretas que han permitido que los mercados decidan quién tiene derecho a vivir con dignidad y quién no.
Cuando no se garantiza el acceso a una vivienda, cuando los salarios no alcanzan para vivir y las medidas se quedan en gestos vacíos, la desesperación crece. Y de esa desesperación se alimenta la extrema derecha. No porque tenga soluciones, sino porque quienes gobiernan han renunciado a enfrentarse a los intereses que hacen negocio con lo más básico. Quien no protege a la gente, deja el campo libre al odio.
Estos dos casos, ocurridos en una sola semana en Zaragoza, son la expresión más cruda de una crisis mucho más amplia: la de un sistema que prioriza la propiedad y la especulación por encima de la vida digna. Y esta crisis tiene género, edad y clase social muy marcadas. Las mujeres mayores, las familias monoparentales, las mujeres migrantes, las personas con rentas bajas o contratos precarios son quienes pagan el precio más alto.
Este miércoles, los niños y niñas del colegio Domingo Miral en Torrero visitaban el Ayuntamiento de Zaragoza y le hacían llegar a la alcaldesa, Natalia Chueca, una carta para pedir el apoyo de los servicios sociales municipales y encontrar una solución habitacional para sus compañeros y compañeras Amir, Roya y Jihad. Pedían para ellos “un nuevo hogar pronto, por favor". Es doloroso, y a la vez ilusionante, que sean los propios niños y niñas, compañeros de los menores desahuciados, los que se movilicen y soliciten a la alcaldesa de nuestra ciudad una solución para sus amigos. Pudimos estar con ellos durante esa visita. No entendían por qué unos tienen un hogar y otros niños, no. Tampoco entendían que nadie hiciera nada para evitarlo.
