En el manifiesto, firmado por Gemma Tarafa -comisionada de Salud del Ayuntamiento de Barcelona-, Silvia Cameán -concejala de Justicia Social y Cuidados del Ayuntamiento de A Coruña, Javier Barbero -concejal Delegado de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid-, Concepción Fernández -concejala de Políticas Sociales, Diversidad y Salud del Ayuntamiento de Compostela-, Mª Victoria López Ruiz -concejala del Grupo Municipal Ganemos Córdoba-, Ana Fernández -concejala de Presidencia y Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Cádiz-, y Luisa Broto, sostienen que para "defender la salud" hay que "actuar sobre sus verdaderos determinantes". Esto implicaría mejorar las condiciones sociales, económicas, ambientales, políticas y culturales.
Las y los representantes municipales afirman que apostarán por la salud "como eje transversal de la acción municipal" introduciendo la evaluación del impacto en salud de las políticas públicas. También subrayan que la reducción de las desigualdades sociales en salud, por razón de género, clase social, territorio, origen, etc. debe ser "un compromiso y objetivo de todo el Gobierno". "Desde la actividad de salud comunitaria del centro de barrio hasta la negociación del Alcalde con los lobbies, todas las acciones del Gobierno deben remar hacia una ciudad más justa y saludable", añaden.
En el texto abogan por la derogación de la reciente 'Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local' que "reduce la salud municipal a la competencia de protección de la salubridad pública”. En este sentido, consideran que desde los ayuntamientos hay oportunidades especiales de promocionar la salud de sus habitantes, "desde las estrategias intersectoriales (salud en todas las políticas públicas), hasta los abordajes participativos de desarrollo de la salud comunitaria en los barrios y pueblos".
Otro de los puntos que, a juicio de las y los firmantes, se debería de garantizar es el derecho a la protección de la salud y a una atención sanitaria pública, de cobertura universal y sin exclusiones, equitativa, gratuita en el punto de asistencia y financiada por "impuestos progresivos suficientes para cubrir las necesidades de la población".
Regenerar el carácter público de los servicios públicos de salud, con "el criterio de que los servicios asistenciales que se pagan con dinero público deben ser de titularidad y gestión pública", es otra de las apuestas anunciadas en el manifiesto para evitar "dar dinero público a entidades privadas que hacen de la salud un negocio".
El texto también defiende asegurar la transparencia, equidad, universalidad y eficiencia, con "un código ético común de todos los servicios, con más autonomía de los territorios, centros y trabajadoras de la sanidad, y con una evaluación independiente con control democrático".
Según las y los firmantes, la ciudadanía y las plantillas de los centros tienen que tener un protagonismo en los órganos de gobierno del Sistema, territoriales y de centros sanitarios, para fomentar "la participación real y la democracia en salud" y "las experiencias que construyen salud desde los entornos no sanitarios".
El uso efectivo y eficiente de los medicamentos, tecnologías y herramientas terapéuticas es otro de los objetivos que quieren promover. "Queremos un sistema de salud en el que se regulen y se vigilen los conflictos de intereses y se financien los productos bajo criterios de evidencia científica. Se debe iniciar un proceso de reversión de la actual tendencia medicalizadora motivada por una visión biologicista de la salud y por la cultura del consumo, integrando nuevas perspectivas como la salutogénesis y la visión de activos en salud", afirman.
Las y los representantes municipales acuerdan trabajar para mejorar el sistema asistencial potenciando una Atención Primaria "fuerte" y estrategias de salud comunitaria que "impliquen a todos los actores construyendo salud desde lo cercano y en colectivo". Hacer de la Atención Primaria y Comunitaria "el instrumento básico para una atención global e integrada, cercana a las personas, con dotación presupuestaria suficiente", será otra de sus prioridades.
Asimismo, quieren garantizar los derechos de las personas en la sanidad pública "aplicando principios de bioética y criterios de justicia social". "Derecho a respetar la autonomía y la libertad individual en las decisiones sanitarias, así como a la justicia y a la no maleficencia. Derecho a no sufrir malos tratos y a que la autoridad sanitaria denuncie ante evidencia de los mismos. Derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en el sistema público, lucha contra la violencia machista. Derecho a la atención al sufrimiento y tratamiento del dolor, al no encarnizamiento terapéutico y a una muerte digna. Derecho a la preservación de los datos personales", aseveran en el texto.
Por último, las y los firmantes centrarán sus esfuerzos en no permitir que las ciudades generen enfermedad: "con su aire contaminado, sus contratos precarios, su gobernanza restringida". Para ello trabajarán para "ciudades que generen salud", y que "cuiden a las personas que habitan en ellas", así como "a los bienes comunes y los espacios públicos donde se desenvuelve su vida cotidiana". "Apostamos por la sostenibilidad de la vida y la revalorización de los cuidados, introduciendo una perspectiva de género en la salud", concluyen.
