El último caso polémico que rodea la evaluación individualizada de la Lomce en 3º de Primaria, tiene como protagonista a Ignacio Polo Martínez, inspector de Educación del Gobierno de Aragón con destino en el Servicio Provincial de Uesca, dónde es además jefe de distrito. Según ha denunciado CGT, Polo envió a varios colegios de primaria del Alto Aragón un "esperpéntico" correo electrónico -al que ha tenido acceso AraInfo- al día siguiente de la finalización de las pruebas.
Según ha informado el sindicato, este inspector se personó el 6 de mayo, día de la huelga convocada por CGT, en varios colegios para comprobar que las pruebas transcurrían de forma correcta. "Hasta aquí todo normal. Lo que ya no lo es, y viene a incidir en el afán criminalizador de la administración hacia cualquier tipo de disensión, es que se pusiera a preguntar a niños y niñas de 8 y 9 años quienes habían preparado la prueba en casa", critica el sindicato.
Posteriormente el inspector envió este mail a los colegios pidiendo a los equipos directivos que le comuniquen qué niños y niñas "han realizado la prueba, pero han reconocido que han hecho la prueba previamente en sus domicilios (total o parcialmente)", quienes "no han realizado la prueba de manera justificada", y quienes "han realizado la prueba de manera injustificada".
En el primer caso, Polo exige a los centros que los niños y niñas no sean calificados, "tan sólo identificar el código del centro, código GIR del alumno/a, la competencia y en la última columna (observaciones) indicar que 'Ha hecho previamente la prueba en casa". En el tercer caso pide que sean calificados con un insuficiente.
Desde CGT entienden que "lo que demanda al profesorado es que pregunte a los niños y niñas si vieron las preguntas filtradas", es decir "que hagan una labor de investigación". En este sentido, para CGT es "realmente absurdo que un Inspector de Educación se dedique a estos menesteres", y esperan que la administración "tome cartas en el asunto".
Pero para CGT aún es "más desconcertante pensar en la finalidad de todo ello". "¿Para qué este señor quiere saber el nombre de estos niños y niñas? ¿Les va a abrir un expediente? ¿Les va a anular las pruebas? ¿Les pondrá un insuficiente en ellas? ¿Les aplicará un coeficiente de corrección por haber disfrutado de información privilegiada? ¿Quiere emprender acciones legales contra sus familias?", se pregunta el sindicato a lo que responde: "Parece una broma pero todo es posible dado el absurdo que rodea a estas pruebas desde el principio".
CGT solicita a la administración educativa que "ponga orden entre sus inspectores", y que "dejen trabajar al profesorado y aprender al alumnado".
