Un informe oficial del Gobierno Vasco constata 4.113 casos de tortura y malos tratos

El estudio científico desvela la especial incidencia de este fenómeno en la Comunidad Autónoma Vasca en los últimos 50 años y propone medidas de reparación y prevención

Presentación del Informe Tortura y malos tratos en el País Vasco entre 1960 y 2014.

El Instituto Vasco de Criminología (IVAC-KREI) de la UPV/EHU y el Gobierno Vasco presentaban este martes el informe final sobre el “Proyecto de investigación de la tortura y malos tratos en el País Vasco entre 1960-2014”.

Se trata de un informe que en 2014 la Secretaría General para la Paz y la Convivencia encomendó al IVAC y cuyo objetivo era realizar un estudio científico para desvelar la incidencia de este fenómeno en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) en los últimos 50 años y proponer medidas de reparación y prevención.

Los datos arrojados no pueden ser más contundentes. Más de 4.000 casos ratificados de tortura entre 1960 y 2014, con años críticos como 1975, con casi 300 casos, y los años de gobierno de Adolfo Suárez y la primera legislatura de Felipe González, con más de cien casos anuales de tortura documentados.

La presentación de la investigación corrió a cargo de la dirección investigadora del informe: Profesor y Doctor en Medicina Francisco Etxeberria y la Doctora en Derecho, Laura Pego, y en ella estuvo presente el Secretario General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno Vasco, Jonan Fernández.

El encargo al IVAC-KREI (UPV/EHU) de un estudio sobre la tortura y los malos tratos se produce en el marco de compromiso del Gobierno Vasco con los derechos humanos, con las víctimas de sus vulneraciones y con una convivencia basada en una memoria crítica del pasado, y en las previsiones del Plan de Paz y Convivencia 2013-2016 y del Plan de Convivencia y Derechos Humanos 2017-2020 en materia de clarificación del pasado.

Este trabajo del Instituto Vasco de Criminología ha debido hacer frente a la gran dificultad que conlleva desvelar hechos producidos en espacios cerrados y, en su mayoría, hace muchos años. Tiene por ello limitaciones que deben tenerse en cuenta para su interpretación y en ese sentido, recuerdan que el número de 4.113 denuncias registradas es inferior al real porque no han podido rescatarse muchas de las correspondientes a los años 60, 70 y primeros de los 80.

Así mismo, desde la dirección de la investigación advierten que la misma no puede ofrecer conclusiones “caso a caso”, y que no diferencia entre los casos de tortura y otros supuestos como los tratos inhumanos o tratos degradantes.

La investigación tiene un alcance informativo y cualitativo de gran relevancia. Ha permitido crear un censo de denuncias con un amplio volumen de datos de carácter documental, testifical y pericial que afectan a varios miles de personas en los últimos 50 años. Desde el Gobierno Vasco entienden que la misma “constituye un paso importante para una memoria crítica del pasado que tenga en cuenta todas las vulneraciones de derechos humanos y a todas sus víctimas”.

Miles de casos de tortura que permanecían ocultos

La existencia de un número importante de casos de tortura o malos tratos en la CAV ha sido una convicción extendida en el conjunto de la sociedad vasca, y en ese sentido, múltiples han sido las evidencias, testimonios, informaciones periodísticas y pronunciamientos internacionales.

Esta investigación del IVAC-KREI permite extraer cuatro conclusiones en esa misma línea. La primera, que la tortura y los malos tratos han tenido una presencia importante en Euskadi desde 1960, con una trayectoria descendente en los últimos 12 años.

Así mismo, la investigación advierte que las denuncias, en buena parte de casos, no fueron suficientemente investigadas y estuvieron principalmente vinculadas a periodos de incomunicación.

Recuerdan que las denuncias de torturas y malos tratos no recibieron la atención socio-política ni mediática que hubieran requerido y que, además, las víctimas de torturas y malos tratos no han recibido el reconocimiento y la reparación debidos.

La gran mayoría de las denuncias y todas las condenas por tortura en los tribunales internos, o por ausencia de investigación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y del Tribunal Constitucional afectan a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. Por este motivo y por las reiteradas resoluciones de organismos internacionales, los poderes del Estado deberían considerarse concernidos.

En opinión del Gobierno Vasco, sería conveniente que, en el ámbito estatal, se encargara una investigación independiente sobre la realidad de la tortura en el Estado español.

Además, desde el Gobierno Vasco, y a la vista de los resultados del informe, instan a las instituciones del Estado español a realizar una reflexión crítica y reconocer el daño injusto causado a las víctimas y adoptar las medidas de prevención que demandan los organismos internacionales.

“Los casos de tortura o malos tratos afectan, en una u otra medida, a prácticamente todas las policías del mundo. Las instituciones han de ser las primeras interesadas en combatir esta posibilidad. Está en juego la credibilidad del discurso democrático y de los derechos humanos”, advierten desde el ejecutivo vasco.

En el caso de la Ertzaintza, esta investigación, por una parte, pone de manifiesto la existencia de denuncias; y por otra, explicita que la realidad es cuantitativa y cualitativamente diferente, con respecto al resto de policías.

A juicio del Gobierno Vasco, la principal conclusión diferencial es que la Policía Vasca ha promovido estructuralmente un modelo preventivo que ha sido positivamente valorado por todas las instituciones supervisoras y de derechos humanos que lo han analizado. Adicionalmente, y a diferencia de lo que ocurre con el resto de policías, el estudio confirma la inexistencia de condenas judiciales por tortura contra la Ertzaintza.

Estas constataciones no deben servir a una lectura autocomplaciente. Por respeto y consideración hacia las víctimas y por responsabilidad y compromiso con los Derechos Humanos debe adoptarse una posición abierta y permeable a la crítica y a adoptar medidas de mejora.

Reconocimiento por parte del Gobierno Vasco

“Mostramos, sí, nuestro reconocimiento. Manifestamos, así mismo, que algunas medidas preventivas debieron haberse puesto antes en marcha para ofrecer mayores garantías”, aseguran desde el Gobierno Vasco, a la vez que anuncian que al respecto se comprometerán a seguir impulsando la ley 12/2016 de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos como la que representa la tortura.

Además, se comprometen a continuar consolidando y mejorando el modelo de prevención de tortura y malos tratos en la Ertzaintza y con relación al futuro, como primera medida, depositarán este estudio en la Ponencia de Memoria y Convivencia del Parlamento Vasco y en Gogora.

“Todas las víctimas de la tortura y de los malos tratos deben saber que la sociedad vasca y el Gobierno Vasco conocen su padecimiento, y reconocen que el daño que sufrieron fue injusto. Deben saber que esta investigación es un paso más en su reconocimiento”, concluyen.

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