El Ministro del Interior del Estado español, Fernando Grande-Marlaska, ha recibido una carta de 14 europarlamentarias y europarlamentario en la exigen de acuerdo a las decenas de organizaciones y entidades, exigiendo el cierre de los siete Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) que actualmente operan en el Estado.
Entre este grupo se encuentran Miguel Urbán (Unidas Podemos), Pernando Barrena (Ahora Repúblicas), María Eugenia Rodríguez (independiente de Podemos), Idoia Villanueva (Unidas Podemos) del Grupo de la Izquierda Unitaria Europea, así como Diana Riba i Giner (Ahora Repúblicas) y Ana Miranda, portavoz de BNG, Ernest Urtasun (Catalunya en Comú) por parte del Grupo de los Verdes.
En su carta recuerdan que no es la primera vez que se dirigen a Grande-Marlaska en relación a las situaciones que ocurren en el interior de estos centros y que en cuanto a las condiciones, varias ONG, movimientos sociales e incluso recientes Informes del Defensor del Pueblo, ofrecen datos sobre la falta o escaso seguimiento de protocolos de asistencia psicológica, sanitaria (incluyendo reconocimiento médico), prevención de suicidio, dotación de ropa y calzado para quienes carecen de ello, instalaciones sanitarias adecuadas, etc. “En cuanto a las situaciones que vienen sucediendo, estas mismas fuentes y también personas que han pasado por los CIEs atestiguan malos tratos policiales, encierro de menores de edad y de personas enfermas sin atención médica, todo lo cual está en contra de los Derechos Humanos más básicos”, señalan en el texto.
Como consecuencia de esta “opacidad” en términos de derechos, vemos casos emblemáticos como el de Marouane Abouobaida que contando sólo con 23 años murió en circunstancias no esclarecidas en julio de 2019 en el CIE de Zapadores (Valencia), y esta muerte se añade a una lista amplia de múltiples vejaciones en los más de 30 años de existencia de estos centros. “No es de extrañar que el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas se haya mostrado duro y preocupado con España por la situación de las personas migrantes en situación irregular internadas en un CIE”, aseguran en la carta que apuntan que su posición es “clara”: “Ningún país democrático debería permitir la existencia y funcionamiento de estos centros para personas que no han cometido delitos penales. No transigiremos contra prácticas institucionales racistas ya normalizadas en todo el Estado”.
El internamiento en CIE es una medida cautelar para asegurar la deportación de las personas migrantes que están en situación administrativa irregular y sobre las que pesa o se está sustanciando una orden de expulsión. El procedimiento señala valorar la situación concreta de la persona, con el fin de no internar a personas que tengan alguna enfermedad grave, a mujeres víctimas de violencia machista, a personas víctimas de trata o a personas con arraigo, pero para este grupo del Parlamento Europeo “nada de esto se cumple”.
“Consideramos las medidas del internamiento y las deportaciones desproporcionadas e inhumanas al mismo tiempo que denunciamos la inseguridad jurídica y la falta de tutela judicial efectiva, como otra de las vulneraciones que suceden en los CIE”, añaden.
El Pacto Mundial sobre Migraciones, adoptado por el Estado español en 2018, incluye el compromiso de trabajar en pro de alternativas a la detención, promoviendo enfoques respetuosos de los derechos humanos, basados en esquemas comunitarios y administrativos, que no exacerben las vulnerabilidades y la dignidad de las personas migrantes.
Debido a la crisis sanitaria y la imposibilidad de repatriación por cierre de fronteras, desde el día 6 de mayo no se tiene a ninguna persona interna en los CIE del Estado. La experiencia está demostrando, para este grupo, que estos centros pueden ser cerrados y además, abre una oportunidad para impulsar otro tipo de medidas. En ese sentido, instan al Gobierno español a avanzar en la coherencia de políticas respetuosas con los derechos de todas las personas por igual, desarticulando estas estructuras institucionales racistas de internamiento de extranjeros y a activar otros mecanismos alternativos como medidas cautelares y que no se basen en la privación de libertad, medidas administrativas no punitivas.
Esta petición se suma y quiere apoyar las voces y demandas de ediles, colectivos y plataformas que denuncian las reiteradas violaciones al interior de estas cárceles para personas que no han cometido delito alguno. “A ellas nos unimos para exigir que no se reabran estos centros”, concluye la carta enviada al Ministro de Interior.
