Tres años de prisión por revelar información personal e insultar a la denunciante del caso de La Manada

Después de que el director del portal ultraderechista La Tribuna de Cartagena, Josele Sánchez, publicara datos personales y fotos degradantes, la denunciante sufrió una oleada de acoso que la obligó a huir del Estado español

Respuesta feminista en Zaragoza a la sentencia de La Manada en 2018. Foto: Pablo Ibáñez (AraInfo)

La justicia sigue reparando todo el daño producido por el caso de La Manada. En esta ocasión ha sido el turno del periodista Josele Sánchez, el cual difundió información personal, imágenes e insultó a la joven agredida durante las fiestas de San Fermín en julio de 2016.

El titular del juzgado de lo Penal número 2 de Cartagena ha condenado a tres años de prisión al director del portal ultraderechista La Tribuna de Cartagena, como autor de un delito contra la integridad moral en concurso con un delito de descubrimiento y revelación de secretos por difundir datos de la víctima del caso de La Manada ocurrido en Iruña (Nafarroa).

En la sentencia difundida este miércoles por el TSJ murciano, el acusado, usando un pseudónimo, en mayo de 2018, difundió en su web La Tribuna de Cartagena una publicación bajo el título ‘Yo no te creo’ que contenía, "datos de carácter reservado que afectaban a la privacidad de la víctima" tales como su nombre y apellidos, el domicilio, su DNI, el centro donde cursaba sus estudios universitarios y dos fotografías.

Una de las fotografías, detalla la resolución, "reviste un carácter particularmente degradante y vejatorio", pues se podía ver a la agredida en un momento en que se estaba violentando su libertad sexual. Todo ello cuando la Audiencia de Nafarroa ya había dictado un auto por el que se prohibía la divulgación o publicación de información relativa a la identidad de la denunciante o datos que pudieran facilitar su identificación de forma directa o indirecta, "así como también la prohibición de la obtención, publicación y divulgación de imágenes de la acusadora o de sus familiares", añade la sentencia.

Lo ocurrido después de esta publicación ya lo conoce gran parte de la sociedad y así lo recoge esta sentencia, la denunciante "recibió numerosos mensajes anónimos a través de Internet, insultos, amenazas, montajes fotográficos" que afectaron a su estado de ánimo y a su situación psicológica. De hecho, es sobradamente conocido que el portal misógino y ultraderechista Foro Coches difundió esta información y animó a sus lectores a acosar a la agredida.

Según relata la sentencia llegó a provocar en la víctima "ansiedad generalizada ante la posibilidad de ser reconocida, con lo que se vio obligada a abandonar su lugar de residencia, trasladándose al extranjero y a interrumpir sus estudios universitarios". Así, la agredida sufrió una victimización secundaria.

Según, Save The Children, la victimización secundaria (o revictimización) es la respuesta que da el sistema a una víctima: “La persona siente que son vulnerados sus derechos como persona y por ello asume el rol de víctima. Esta respuesta hace que la persona reviva la situación traumática y vuelva a asumir su papel de víctima”.

Por otro lado, el acusado deberá indemnizar a la perjudicada con 15.000 euros, de los que responderá subsidiariamente la mercantil Sureste Prensa Editorial S.L.

El propio acusado reconoció ante el tribunal ser el autor "en la creencia de que está publicando un artículo de opinión en el ejercicio de la profesión periodística". Reconoce además haber utilizado expresiones como que "llevabas tal borrachera, que en lugar de cantar Asturias patria querida –como debería hacer cualquier joven normal cuando se emborracha– decidiste montártelo con cinco macarras de mierda" porque "estaba convencido de que el acto sexual es voluntario y no forzado".

Y, tras analizar la doctrina constitucional sobre los límites de la libertad de opinión, concluye que este se topa con "el muro del respeto al honor y a la intimidad de las personas y que se traduce en la prohibición de emplear términos o expresiones insultantes o vejatorias: la libertad de expresión no comporta un derecho al insulto", subraya.

Inhabilitado

El auto recuerda que pese a que "es perfectamente lícito estar en desacuerdo con cualquier acto de los Poderes Públicos, en este supuesto de una sentencia, puesto que ello forma parte de los estándares democráticos propios de un Estado de Derecho”. Sin embargo, aclara que “no resulta amparado por la Ley el empleo de términos hirientes o lacerantes ante quien resulta ser víctima en un delito contra la libertad sexual, y menos aún la publicación de fotografía de claro contenido sexual y la difusión de datos de identificación de la víctima".

Añade que "las expresiones que se han transcrito en el relato de hechos probados son claramente vejatorias, pero sobre todo es patente tal carácter en la publicación del nombre apellidos, domicilio, y centro de estudios universitarios de la víctima".

Finalmente, el fallo de la sentencia recoge la inhabilitación especial del acusado para el desempeño de profesión u oficio relacionado con el periodismo y sectores vinculados al mismo durante el tiempo de cumplimiento de la condena. La sentencia no es firme y contra ella cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia de Murcia.

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