La crisis sanitaria provocada por el COVID-19 está aireando muchas de las ‘vergüenzas administrativas’ de nuestro sistema político. Entre ellas, la que desde la Plataforma Contra la Privatización de la Sanidad en Aragón definen como “políticas de apartheid sanitario, que seguirán vigentes cuando volvamos a la ‘normalidad’, tras el 30 de mayo”.
“Recordemos que el Decreto 6/2012 impulsado por el PP abolió el derecho a la salud -800.00 personas perdieron su tarjeta sanitaria- e introdujo el copago sanitario. Luego serían las CC.AA. las que se encargarían de desarrollar ‘parches legislativos’ que mitigaran el drama de la exclusión sanitaria. Posteriormente, como enmienda al decreto, el PSOE emitió el Real Decreto-Ley 7/2018 sobre el acceso Universal al Sistema Nacional de Salud. El título de este nuevo decreto simulaba restituir la sanidad universal, pero su contenido daba continuidad a una política sanitaria racista que retira la titularidad del derecho -inherente a todo ser humano- según la situación administrativa de las personas”, contextualizan desde la Plataforma aragonesa Contra la Privatización de la Sanidad.
Esta Plataforma explica que “un decreto ambiguo y escasamente desarrollado volvía a dejar en manos de las CCAA el reconocimiento y la acreditación de la asistencia sanitaria a las personas extrajeras. De este modo, el actual decreto impone una serie de requisitos para reconocer esa asistencia y agrava, aún más si cabe, la situación de algunos colectivos”.
Entre los requisitos que, a juicio de la Plataforma Contra la Privatización, suponen mayores trabas para la población aragonesa en situación administrativa irregular destacan que “impone acreditar un empadronamiento de al menos 3 meses y elimina las excepciones del decreto anterior para la atención en urgencias a embarazadas y menores de edad. Así, a todos aquellos que no demuestren una estancia de 90 día se les emite una factura por los servicios prestados. Puede deducirse entonces el gran número de personas que quedan desamparadas y requieren de un tratamiento continuado o urgente: enfermos de cáncer, problemas cardiovasculares, VIH, interrupción del embarazo, etc. Para estos casos se define una vía excepcional mediante informe de un trabajador o trabajadora social que acredite la necesidad de atención urgente. Tenemos constancia de que en Aragón estos informes se quedan en papel mojado”.
“Otra exigencia impuesta es la de no tener que acreditar una cobertura obligatoria sanitaria por otra vía, requisito establecido por la ley de Extranjería de contar con un seguro médico privado para obtener el permiso de residencia por reagrupación familiar. Este aspecto está afectando, principalmente, a los migrantes con residencia regular a través de la reagrupación familiar ascendente -tramitada por sus hijos de nacionalidad española-, que son sistemáticamente excluidos del sistema sanitario por el gobierno, debido a una interpretación racista que antepone la normativa de extranjería al derecho de atención sanitaria”, denuncian desde la Plataforma.
Asimismo, también denuncian que “las personas de nacionalidad española que están en el extranjero también son excluidas del sistema sanitario. Esto afecta principalmente a personas que llevan 3 o más meses fuera y todavía no han encontrado un trabajo, castigando así las situaciones de mayor precariedad. Aunque se eliminaba progresivamente el copago a pensionistas, este se sigue aplicando en un máximo del 40% para extranjeros que no tienen regularizada su situación administrativa. Inquietante resulta también la mención referente a los trasplantes para extranjeros. Aunque no queda desarrollada, anuncia el establecimiento de unos requisitos y periodos mínimos de los que se deduce unas condiciones discriminatorias para poder acceder a la lista de trasplantes”.
“Lo expuesto es solo una síntesis de las implicaciones de la legislación vigente en materia de sanidad. Ni siquiera abarca una mínima parte de las consecuencias que implica esta vulneración racista del derecho a la salud. Esta síntesis no refleja una multitud de casos particulares que son también sistemáticamente expulsados del sistema sanitario y afectan a miles y miles de personas. Valga este comunicado para volver a recordar que, cuando la crisis sanitaria llegue a su fin, la vida de muchas personas seguirá estando en peligro. Será nuestra responsabilidad exigir una sanidad pública, gratuita y de calidad para todos y todas, sin excepción”, concluyen desde la Plataforma Contra la Privatización de la Sanidad en Aragón.
