La Fiscalía Colombiana pedía la semana pasada ante la Corte Suprema abrir una investigación en contra del Senador Campesino Alberto Castilla por sus presuntos vínculos con el ELN, así como contra el vicepresidente de la Cámara de Representantes y dirigente indígena, Germán Bernardo Carlosama, también por presuntos nexos con la organización insurgente.
Alberto Castilla fue elegido como senador en 2014 en un momento marcado por la movilización tras la victoria del movimiento social y el paro campesino, convirtiéndose en el primer campesino en la historia política de Colombia que llegaba al Congreso. Ahora, se ve inmerso en lo que considera una persecución política.
“Vengo esta mañana a hablar con ustedes y a decirles que mi conciencia está tranquila. Que no tengo ningún vínculo con el ELN. Que no puede existir ninguna relación de este tipo porque absolutamente no tengo ningún vínculo con ninguna organización ilegal. No debe suceder el que ser un líder social se convierta en objeto de judicialización”, afirmaba Castilla en una rueda de prensa a la que convocó para compartir con la ciudadanía colombiana su situación.
“Me entero -explicó- por los medios de comunicación porque no he sido notificado formalmente de la compulsa de copias que ha hecho la Fiscalía ante la Corte Suprema para que se abra investigación por presuntos nexos míos con el ELN. Necesitamos conocer cuáles son las razones que tiene la Fiscalía para solicitar esa investigación. Me pongo a disposición de la Corte Suprema de Justicia para cuando lo consideren y para el momento que lo necesiten, estaré dispuesto a acatar el llamado que me haga”.
Ser líder social no es delito
“Quiero creer que no hay ningunas razones políticas para que la Fiscalía asuma esa posición en este momento. Quisiera creerlo. Espero que el hecho de yo ser de una región como El Catatumbo no genere una relación directa con que allí hay un conflicto armado entre varios actores y que, ante eso, mis actuaciones hayan sido por reclamar derechos, defender el territorio, acompañar a las comunidades en el ejercicio de Consultas Populares como una manera de participación política en la toma de decisiones. Eso no puede ser entendido como que formo parte de un actor subversivo, sino que es nuestro ejercicio de participación parlamentaria”, aseguraba Castilla en la rueda de prensa ofrecida la semana pasada.
La filtración a los medios sucedía la misma semana de la Elección Legislativa en la que el Polo Democrático Alternativo mantenía sus cinco senadores, encabezados por Jorge Enrique Robledo –quien obtuvo la tercera mayor votación del país pasando de 190.000 votos en 2014 a 226.099–, siguiéndolo el excandidato a la Gobernación de Santander, Leónidas Gómez, Alexander López con 84.229, Iván Cepeda y Alberto Castilla con 27.744 votos.
Una campaña judicial con los mismos planteamientos que la ultraderecha
Algunas hipótesis plantean que las razones de esta persecución política contra ambos parlamentarios responden a un ajuste de cuentas del Fiscal General Néstor Humberto Martínez, pues han declarado que frente a las investigaciones de casos de corrupción empresarial –como el Escándalo Odebrecht– debía declararse impedido por su vínculo con los imputados. Un escándalo que salpica al actual Gobierno colombiano, pues la firma podría haber financiado la campaña por la reelección del presidente Juan Manuel Santos.
El pasado 15 de marzo se reiniciaban en Quito las conversaciones entre el ELN y el Gobierno colombiano, tras su paralización al final del Cese al Fuego Bilateral, Temporal y Nacional que ambas partes sostuvieron por 101 días. Desde entonces el Gobierno colombiano ha demostrado poca voluntad de continuar con esos diálogos y la ultraderecha utiliza la satanización de la Paz como una de sus armas para lograr convocar a un voto que le haga ganar las presidenciales en el próximo mes de mayo. En Colombia no extrañaría que la acusación de la Fiscalía fuera un “falso positivo judicial” –falsas acusaciones de civiles de pertenencia a organización terrorista– para justificar posteriores actuaciones.
En el período posterior a la firma de los Acuerdos de Paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC- y el Gobierno de Juan Manuel Santos, la cifra de líderes y lideresas asesinadas ha aumentado vertiginosamente. Crece la criminalización y el tratamiento de guerra a la protesta social que busca participar en la construcción de una vida digna. Para nadie en Colombia es un secreto que, una vez “silenciadas las armas” de una guerrilla y sentados en la mesa con otra, el Gobierno necesita un “enemigo común” con el cual justificar la militarización de la sociedad colombiana y su inversión en industria para la guerra.
Uno de los datos interesantes de estos movimientos político-judiciales es que mientras la Fiscalía despliega sus fuerzas contra líderes respaldados por el pueblo, un Juez de Medellín libera por vencimiento de términos a Santiago Uribe, hermano del expresidente, empresario y probado miembro del grupo paramilitar Los Doce Apóstoles.
Respaldo de la sociedad
Más de 300 organizaciones sociales, defensores de derechos humanos y personalidades políticas firmaron una carta de indignación y rechazo ante la actuación de la Fiscalía. “Manifestamos nuestra indignación y rechazo frente a las acusaciones temerarias realizadas por la Fiscalía General de la Nación contra estos dos representantes del movimiento social. Estos señalamientos hacen parte de la sistemática estrategia de criminalización de los liderazgos sociales y contrasta con la abierta inoperancia de las instituciones estatales que mantienen la impunidad en los casos de agresiones contra quienes defienden los derechos humanos en Colombia”, puntualizaron.
Entre los firmantes están la Asociación Minga; el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo; la Comisión de Justicia y Paz; el Comité Noruego de Solidaridad con América Latina; la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos -Cceeu-; la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos -Credhos-; la Unión Sindical Obrera -USO-; el Congreso de los Pueblos; el Coordinador Nacional Agrario -CNA-; personalidades políticas como el también Senador Iván Cepeda y los representantes a la Cámara, Alirio Uribe y Víctor Correa; y Colombia Informa.
Apoyo del Polo Democrático Alternativo
“Sobre este asunto, el Polo Democrático deja sentadas tres posiciones. Primero, este partido desde su origen no ha tenido ni tiene nada que ver con la insurgencia armada y la lucha política; ni ninguno de sus militantes lo ha hecho ni lo haces. En ese sentido, el Polo Democrático respalda absolutamente al Senador Alberto Castilla, considera que es absolutamente inocente de cualquier tipo de difamaciones que se le puedan hacer. Igualmente, el Polo Democrático ha señalado en esta comunicación que es histórica esta persecución. Para nosotros no es nueva”, declaró el concejal Alvaro Argote Muñoz, Presidente del Polo Democrático Alternativo, quien también estaba presente en la rueda de prensa.
La historia relata que otros senadores como Carlos Gaviria, Jorge Robledo e Iván Cepeda -todos miembros del Polo- han sido víctimas de persecuciones políticas por parte de la derecha. Cabe recordar el viraje en el juicio convocado contra Cepeda por el expresidente y Senador de la ultraderecha Álvaro Uribe, el cual hace pocas semanas dio un viraje hacia donde la misma Corte encontró violaciones a la ley: el conocido nexo entre Uribe y el paramilitarismo.
