Representantes de PSOE, Izquierda Unida y Chunta Aragonesista han coincidido en la urgencia de blindar las Casas de Juventud y los Proyectos de Integración de Espacios Escolares (PIEE) de Zaragoza como herramientas clave en la prevención, el acompañamiento comunitario y la salud mental de las personas jóvenes. El debate, celebrado en la antigua Casa de Juventud de Parque Goya, evidenció además la ausencia de PP, PAR y Vox, que no respondieron a la convocatoria.
La Asamblea de Trabajadoras de Zonas Jóvenes organizó este martes un debate político para analizar el futuro de las políticas públicas de juventud ante las próximas elecciones aragonesas, que se celebran este domingo 8 de febrero. El encuentro se desarrolló en un clima de “extrema gravedad”, según explicó su portavoz, José Antonio Yagüe, tras conocerse que el Ayuntamiento de Zaragoza planea aplicar un nuevo recorte del 15% en el presupuesto de las zonas jóvenes escolares. Este tijeretazo del Gobierno Chueca (PP-Vox) se suma al cierre de ocho centros de barrio ejecutado el pasado verano, dejando el servicio “al límite de su viabilidad”.
En el acto participaron Francisco Galán y Mónica Iglesias por el PSOE, Marga Deya por Izquierda Unida y Mary Carmen Bozal por Chunta Aragonesista. Aragón Existe y Podemos excusaron su ausencia por motivos de agenda, mientras que PP, Vox y PAR declinaron participar al no responder a la invitación del colectivo convocante.
Durante el debate, las formaciones asistentes coincidieron de forma unánime en la necesidad de desarrollar y revitalizar la Ley de Juventud de Aragón de 2015, que continúa infradesarrollada más de una década después de su aprobación. Se insistió en que las Casas de Juventud y los PIEE no pueden entenderse únicamente como espacios de ocio, sino como dispositivos educativos y comunitarios esenciales para la prevención en ámbitos críticos como la salud mental, las adicciones o el riesgo de exclusión social, especialmente en contextos de creciente precariedad juvenil.
Otro de los ejes centrales fue la denuncia de la precarización laboral que sufre el personal del sector, así como el avance de la privatización en la gestión de estos servicios. Las organizaciones políticas de izquierda defendieron la internalización de los servicios públicos de juventud como vía para garantizar estabilidad laboral, continuidad de los proyectos y calidad en la atención, frente a un modelo basado en recortes y externalizaciones.
El encuentro también abordó cuestiones de actualidad que atraviesan la realidad juvenil, como el debate sobre el concierto de etapas educativas y el equilibrio entre educación pública y concertada; las dificultades laborales y de acceso a servicios que padecen las personas jóvenes en Aragón, con especial incidencia en el medio rural; y la reciente normativa estatal que permite restringir el acceso a redes sociales en determinados contextos, una medida que genera debate entre la protección digital y el respeto a la autonomía juvenil.
Desde la Asamblea de Trabajadoras de Zonas Jóvenes han advertido de que este nuevo recorte del 15% supone “un ataque casi definitivo” a un modelo ya debilitado por el cierre de centros en barrios estratégicos y los recortes acumulados en las zonas que permanecen abiertas. El colectivo alerta de que, de materializarse, estas decisiones pueden provocar el desmantelamiento de la red comunitaria juvenil en Zaragoza, con un impacto directo en la prevención, el acompañamiento educativo y la cohesión social en los barrios.
