Ante este escenario, ha pedido a los servicios jurídicos de la Cámara "analizar la decisión" del Gobierno español, y ha asegurado que el pleno de investidura fijado para el martes se mantiene ya que nadie le ha notificado que no pueda celebrarse.
Torrent ha criticado la decisión del Gobierno porque ha asegurado que Puigdemont cumple con todos los requisitos legales para ser el candidato, y que impugnarlo no tiene base jurídica como sabe "cualquier jurista y cualquier ciudadano que tenga unas mínimas nociones de derecho".
También ha alegado que proponer a Puigdemont no es "un capricho o una arbitrariedad", sino que es el único candidato con los apoyos para ser presidente, y ha recordado que lo constató tras reunirse con todos los grupos. "Es el mandado del 21-D", ha apostillado.
El president del Parlament considera que el Gobierno español busca con su recurso un ataque al resultado electoral: "Con esta impugnación lo que están diciendo a los ciudadanos es que no han votado bien, que no han votado como ellos querían".
"El Gobierno español no está impugnando la decisión de un Parlament, de un presidente del Parlament, sino que está impugnando el voto de millones de personas, la voluntad de los diputados y el funcionamiento del sistema democrático", ha expuesto.
Torrent se pregunta cómo se puede impugnar la candidatura de una persona a la Presidencia si esta misma persona fue candidata a las elecciones y nadie lo puso en duda: "Utilizan los tribunales para ganar aquello que no ganaron en las urnas el 21 de diciembre".
Torrent ha recordado que, desde que preside la Cámara, ha apelado al diálogo como principal vía para afrontar la política, y ha lamentado que, por el contrario, lo único que ha recibido del Gobierno español han sido "amenazas" contra sus decisiones.
Ha concluido que, sin embargo, mantiene su apuesta por dialogar con el Gobierno español sobre la situación política en Catalunya: "Mantengo la mano tendida y la voluntad de hablar. Nunca dejaré de ofrecer esta mano tendida".
Por su parte, Junts per Catalunya (JxCat) se está planteando presentar una querella criminal contra el Gobierno español. "Nos planteamos presentar una querella criminal contra el Consejo de Ministros al amparo del Código Penal" porque su intención es "un ejercicio de intimidación de primera magnitud", ha afirmado el diputado de JxCat Josep Rull, en declaraciones a la Cadena Ser.
