El pleno de la Diputación de Zaragoza ha aprobado una moción de urgencia presentada por el PSOE para apoyar al Gobierno de Aragón en su oposición a que los juzgados de Exeya, Tarazona y L’Almunia dejen de instruir los casos de violencia machista que se denuncien en estos municipios.
La propuesta ha salido adelante con el apoyo de todos los grupos políticos (PSOE, PP, Ciudadanos, En Común-IU y Podemos-Equo) menos el partido de ultraderecha y negacionista Vox, que se ha abstenido.
Asimismo, han acordado trasladar este acuerdo al Ministerio de Justicia, al Consejo General de Poder Judicial (CGPJ), al Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales del Ejecutivo aragonés y a los ayuntamientos de los tres municipios afectados.
La propuesta parte del CGPJ que pretende con esta decisión extender la jurisdicción del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Zaragoza a los partidos judiciales de Exeya, L’Almunia y de Tarazona.
La vicepresidenta de la DPZ y alcaldesa de Ejea, Teresa Ladrero, ha recordado que hay 108 pueblos afectados y esta medida obligaría a las denunciantes o agredidas a viajar hasta Zaragoza, con traslados que pueden suponer dos horas de ida y otras dos de vuelta, algo que es contrario "a la igualdad de oportunidades" y al acceso a la justicia para un colectivo "vulnerable".
Además, advierte que las consecuencias podrían derivar en que “no acaben por denunciar los casos". En esta misma línea, la diputada de En Común-IU Elena García Juango, ha señalado que frente a lo que provocaría esta decisión, lo que necesitan las denunciantes “es un apoyo rápido e integral".
“Debemos defender la igualdad de oportunidades en todos los territorios. Existe un problema de transporte que obligará a que las mujeres que presentan denuncias de violencia machista encuentren dificultades para desplazarse a Zaragoza, además, de que tendrán que abandonar en muchos casos el cuidado de mayores y menores”, aseguraba en su intervención.
