Tres años de legislatura dan para mucho o para poco, depende de si el Gobierno saca pecho de acuerdos con los que ha llegado Podemos Aragón o cuenta realmente algunas cuestiones a medias, deprisa y corriendo, y entonces ya se sabe: mal. La falta de diligencia también es otro de los factores que influyen cuando el Gobierno, llegadas a estas alturas del curso legislativo, se da cuenta de que podía haber hecho mucho y hablar menos, vender menos y, si me lo permiten, posturear menos.
Al inicio de la legislatura, el señor Lambán recibió el apoyo puntual para poder alcanzar la presidencia y un (parece que olvidado) “Decálogo de investidura” marcaría los primeros acuerdos. En el caso de sanidad, las listas de espera serían (tal y como hoy en día) nuestra preocupación. Impulsamos entonces la creación de un grupo de expertos para que trabajaran con datos verídicos en su reducción, pero tras acceder al sillón presidencial, el tiempo fue demorando la convocatoria de dicho grupo y ahora parece un falso recuerdo más que una realidad. Obviadas las posibles soluciones que dábamos desde Podemos, el ejecutivo de PSOE-CHA ha preferido mirar hacia las derivaciones a la privada que impulsar en mayor medida la sanidad pública aragonesa. Según datos del Ministerio de Sanidad en 2017, Aragón contaba con casi 20.000 pacientes esperando una intervención siendo el tiempo de espera de 89 días de media.
No solo para paliar las listas de espera el ejecutivo aragonés ha mirado hacia la privada, sino que en el caso de la salud mental incluso llega a sacar pecho de ello. El Departamento de Sanidad ha formalizado recientemente el Acuerdo de Acción Concertada de Salud Mental, lo cual supone la derivación de 23 millones de euros. Se establece un modelo no dirigido hacia la potenciación de la sanidad pública durante cuatro años y que podrá ser prolongado cuatro años más. Me pregunto dónde quedó esa defensa férrea de los servicios públicos de aquel partido denominado socialista y dónde la salud mental era una prioridad.
Desde Podemos evidentemente no queremos bajar las persianas de todas entidades de golpe y porrazo, pero hay cuestiones que deben quedar claras para un Gobierno y la defensa de la salud mental está dejando claroscuros. Los presupuestos del presente año cuentan con una partida presupuestaria destinada al incremento de personal en salud mental de 2,5 millones de euros gracias a una enmienda de Podemos Aragón, pero a día de hoy nos encontramos que, como ya viene siendo habitual, el Departamento de Hacienda cerrará el grifo antes de poder encontrar resultados palpables
A falta de cuatro meses para concluir el año, Lambán continúa sin cumplir los acuerdos alcanzados con Podemos para la aprobación de los Presupuestos de 2018. No sólo encontramos ejemplos en salud mental, también persisten los titulares de cartón piedra cuando hablamos de infraestructuras. Más de diez años llevan los vecinos turolenses demandando los hospitales de Teruel y Alcañiz y aunque han podido darse algunos avances, lo cierto es que Lambán en este caso incumple hasta su propio programa electoral: la construcción de ambos centros.
Continuando con las infraestructuras, pese a que cuentan con presupuesto, la falta de celeridad y de dinamismo político se evidencia. En junio del presente año, desde mi grupo parlamentario solicitamos un diagnóstico de las infraestructuras sanitarias al Departamento de Sanidad y, en tiempo y forma, nos remitió la información, pero con fecha de 2015-2016, lo cual no sólo denota un desinterés por su parte sino lo que es más alarmante y preocupante una falta de hoja de ruta, el ejecutivo no sabe dónde quiere llegar. Desde Podemos Aragón seguiremos insistiendo para que el centro de salud de Barbastro o el de Margen izquierda - Barrio Jesús de Zaragoza sean una realidad, para que Huesca cuente con unas urgencias dignas en el hospital San Jorge o para que la partida destinada a consultorios locales de un millón de euros se ejecute como también se comprometieron y por ahora no tenemos constancia de que se haya invertido ni un céntimo.
Si un aspecto del Departamento del señor Celaya, y actualmente ya de la señora Ventura, debía de haberse potenciado es sin duda todo lo relacionado con la alta tecnología en la lucha contra el cáncer. Fue sonada la donación de la Fundación Amancio Ortega de diez millones de euros para la mejora de alta tecnología, pero a día de hoy nos tememos que esa cuantía presupuestaria no repercutirá en la sanidad pública. En cambio, aparte de que el señor Ortega se limpió la cara y los bolsillos, otro señor, en este caso Gimeno, se frota las manos: la bolsa de Hacienda se verá reconfortada.
No es permisible que un Gobierno actúe con doble cara, que anuncie mejoras que fácilmente se disuelven en el tiempo, que desoiga acuerdos parlamentarios y políticos, acuerdos presupuestarios que más tarde modifica junto a la derecha, junto al Partido Popular y a Ciudadanos. La falta de diligencia y la falta de capacidad para anticiparse a los problemas han sido una constante a lo largo de toda la legislatura. El departamento de Sanidad cuenta con un presupuesto adecuado gracias a las negociaciones de Podemos Aragón con el Gobierno y lamentablemente está dejando marchar la oportunidad de mejorar la sanidad aragonesa.
La falta de profesionales y la carencia de inversiones en el mundo rural son otras de las cuestiones fundamentales de las que el Gobierno parece olvidarse, y es que únicamente con una visión transversal y una inversión en los servicios públicos y sociales lograremos crear un Aragón más vertebrado, más potente, más fuerte.
Por nuestra parte, continuaremos exigiendo voluntad política, agilidad y compromiso para ejecutar las partidas correspondientes y que el ejecutivo cumpla los compromisos y acuerdos. De hecho, minutos más tarde de que la nueva consejera fuera electa y prometiera su cargo, ya solicitamos su comparecencia en las Cortes de Aragón. Nuestra comunidad merece una sanidad innovadora y moderna a la altura de los tiempos y de sus gentes.
Los cambios en el Departamento de Sanidad, sin perder tiempo en los motivos y en las intríngulis internas, no deben de suponer ningún agravio para la sanidad aragonesa. El tiempo de descuento ya ha arrancado en esta legislatura y la proximidad de la campaña electoral traerá el nerviosismo de algunos y las ganas de acelerar el tiempo de otros, cuestiones que no deben de despistar a la nueva consejera. Los períodos de gracia, los 100 días de espera para la puesta en marcha del Departamento, no pueden existir. Solo si se muestra más combativa con el consejero de Hacienda y sabe demostrar el impulso que la sanidad pública se merece, sabiendo hacer tantos deberes que a su antecesor le quedaron pendientes, nos tendrá de su parte.
