Teruel Existe denuncia un posible delito ambiental en la evaluación de 15 proyectos de renovables

Entre otras cosas, la formación señala que pudo haber un fraccionamiento de proyectos de forma irregular y un posible conflicto de intereses porque empresas subcontratadas por el INAGA realizan la evaluación de impacto ambiental en proyectos de sus propios clientes

Rueba de prensa de teruel existe sobre proyectos de renovables
Mariano Tomás, del grupo de Energía y Medio Ambiente; Francisco Juárez, coordinador general de Aragón Existe, y Manolo Gimeno, del Movimiento ciudadano Teruel Existe | Foto: Teruel Existe

El grupo de Energía y Medio Ambiente de Teruel Existe ha presentado una denuncia por posibles delitos ambientales ante los fiscales de Medio Ambiente de Teruel, Uesca y Zaragoza, y también en la fiscalía general del Estado (sala de medioambiente y urbanismo).

Exponen 15 casos “flagrantes” de presuntas irregularidades constantes en la evaluación de plantas de energías renovables en Aragón, para las que aportan pruebas y documentación, para que sean las fiscalías quienes evalúen si el INAGA está incurriendo en irregularidades administrativas en cuanto a que no se ha realizado una evaluación ambiental adecuada y ha existido infracción de la norma medioambiental.

Estos 15 casos, seis eólicos y nueve de fotovoltaicos, abarcan todo Aragón. Hay cinco casos en Teruel y el sur del territorio, que afectan a los municipios de Muniesa, Loscos, Mont-fort, Uesa, Canyada Vellida, Cuevas d'Almudén, Alfambra, Orrios, Escuita y Exarc de la Val; tres en la de Huesca y el norte aragonés, con afecciones en Castiflorit, Berbegal y Peralta d'Alcofeya, y siete en el centro, en las poblaciones de Mediana d'Aragón, Sant Mateu de Galligo, La Pobla d'Albortón, Val Madriz, Fuent de Todos, Quinto, Fuents d'Ebro, Alfacharín, Perdiguera y Zaragoza.

Aseguran que seguirán denunciando todas aquellas irregularidades que observen en la tramitación de los expedientes, tanto del INAGA como del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Estrategia empresarial generalizada en Aragón

Mariano Tomás, del grupo de Energía y Medio Ambiente; Francisco Juárez, coordinador general de Aragón Existe, y Manolo Gimeno, del Movimiento ciudadano Teruel Existe, han afirmado en rueda de prensa que en el trabajo de estudio de los proyectos presentados que han realizado se corrobora cómo “las empresas han desarrollado una misma estrategia para conseguir que las evaluaciones de impacto sean casi un mero trámite administrativo”.

Señalan que han presentado denuncias de los 15 casos más representativos pero “podrían hablar de muchos más casos, incluso de un centenar”, por lo que solicitan que las fiscalías valoren si se está produciendo un comportamiento generalizado con la fragmentación y tramitación irregular en todos los proyectos por parte del INAGA.

Fragmentación en más de la mitad de los proyectos

El Movimiento ciudadano Teruel Existe afirma que el 54% de los parques eólicos que hay en tramitación en estos momentos en Aragón son producto de una fragmentación irregular (57 instalaciones de un total de 104), y en cuanto a megaplantas fotovoltaicas, de 263 expedientes, 156 son producto de fragmentación irregular, un 59% de las mismas. Han detallado que estas plantas “comparten infraestructuras básicas, se solapan espacialmente, se tramitaron a la vez o en breve espacio de tiempo y son tramitadas por el mismo grupo empresarial”.

Explican que la fragmentación irregular de proyectos es una práctica de determinadas empresas cuya finalidad es que la potencia prevista de la instalación no supere los 50 MW porque, si supera este umbral, la competencia para su autorización es del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, pero si no lo supera, la competencia es Aragón.

Consideran que el Gobierno aragonés “se ha arrogado para sí la competencia para su tramitación, sin inhibirse en favor de la Administración General del Estado, por cuanto se están tramitando, de manera artificiosa e indebida, proyectos claramente fragmentados”. Denuncian que esta práctica se ha incrementado de manera exponencial durante los últimos tres años en Aragón por parte de determinadas empresas, “ante la permisividad y pasividad de la administración territorial”, y exponen que las exigencias ambientales del INAGA son menores que las exigidas por el Estado.

Como resultado de todo ello, quieren demostrar con pruebas que “Aragón está siendo muy poco riguroso tanto en la evaluación técnica de los proyectos como en la evaluación ambiental y, por ello, la mayoría de los promotores prefieren que sus proyectos sean tramitados por el Gobierno de Aragón.

Conflicto de intereses, empresas evalúan para el INAGA proyectos de sus clientes

El grupo de Energía y Medio Ambiente de Teruel Existe detalla las facilidades que consideran que ofrece el Gobierno de Aragón en estos procedimientos, como que los proyectos no son evaluados directamente por el órgano ambiental sino que el INAGA desde principios del año 2021 ha realizado contratos con tres empresas para apoyo técnico y administrativo para la tramitación de estos expedientes.

Estas empresas, a su vez, han elaborado para los promotores muchos de los Estudios de impacto que son objeto de esta evaluación ambiental y tienen “algún tipo de relación de interés con el promotor del expediente” ya que continúan trabajando con esos mismos promotores en otros proyectos de energía renovable. Denuncian que “es muy grave, y suponemos que no serán las mismas empresas las que se evalúen a sí mismas, pero de cualquier manera, trabajan para los mismos promotores, y como mínimo pone en evidencia un conflicto de intereses, de tal forma que el INAGA no está actuando de manera independiente y objetiva”.

Además, indican que en las evaluaciones de impacto de Aragón, “y no en el Estado ni en otros territorios”, se permite al promotor aportar documentación importante para su evaluación ambiental al expediente después de haber concluido el trámite de información pública. Así, exponen que toda la documentación no ha sido sometida a exposición pública y la ciudadanía no ha podido presentar alegaciones.

También afirman que el INAGA no actúa como evaluador en la tramitación ambiental sino que actúa durante todo el procedimiento de manera proactiva, indicando a los promotores las medidas a considerar antes de emitir la Declaración de impacto ambiental (DIA).

Denuncian también que en el trámite de audiencia previo a la formulación definitiva de la Declaración de impacto ambiental se le permite al promotor aportar nueva documentación e incluso alterar el proyecto, con alternativas nuevas (cambio de ubicación de aerogeneradores, cambiar la potencia de aerogeneradores, modificación de trazados de línea…), “llegando al caso de haber convertido un impacto ambiental desfavorable en compatible con un mismo proyecto, o simplemente partiéndolo en dos, incluso que el mismo día que se hace declaración de impacto ambiental desfavorable por la mañana, por la tarde ya es favorable con la excusa de corrección de un error”. Han contrastado que “a veces, después de una DIA favorable se ha modificado el proyecto, y se ha anunciado en BOA pero ya sin estudio de impacto ambiental nuevo”. Añaden que en ninguno de los 15 casos se ha respetado el plazo completo de información pública de 30 días hábiles, “limitando la participación ciudadana y con ello la defensa del medio ambiente”. Por todo ello, valoran que esta “falta de rigor no es tolerable para una administración pública”.

“Si esto fuera tan rentable y maravilloso no se instalaría en la ‘España vaciada’, estarían en Madrid, donde no hay ni un solo molino"

El portavoz del Movimiento ciudadano Teruel Existe, Manolo Gimeno, ha argumentado que toda esta premura en la producción de energía proyectada no responde a una mayor demanda en el Estado español, que incluso en algunos años ha disminuido. La potencia instalada es “3,5 veces mayor de lo que consumimos en un momento pico de máximo consumo”.

En el caso del sur aragonés, ha detallado, se quieren instalar 8.000 megavatios de potencia, una cifra superior a la que generan todas las centrales nucleares del Estado, cuando “en esta zona sería suficiente con 75 megavatios para dar servicio a 53.000 hogares, y por tanto se proyecta 106 veces más de lo necesario”.

Todos estos datos sostienen el argumento que denuncian Teruel Existe y Aragón Existe, de que “lo que hay detrás de la expansión de renovables es una cuestión económica que determina donde se instalan estos megaproyectos y por qué: “hay territorios de sacrificio, buena parte de la ‘España vaciada’, que son los que más producen y menos consumen, mientras que donde menos centrales de renovables se instalan es donde más se consume”.

Así, alegan que en Aragón hay 176 centrales eólicas, mientras que en Madrid no hay ninguna, en Catalunya hay 47, en Euskal Herria 7 y en el País Valencià 39. “Si esto fuera tan rentable y maravilloso, no nos dejarían nada”, ha zanjado Gimeno.

Francisco Juárez ha afirmado que “producimos electricidad en estos territorios de sacrificio, sin respetar nuestro entorno natural, para suministrar a las industrias, que están en otros territorios, donde se genera el empleo y a donde se tendrán que ir nuestros hijos”.

Para Manolo Gimeno, además esta situación genera un preocupante enfrentamiento social en los pueblos, con pequeños ayuntamientos infrafinanciados a los que les presentan estos proyectos como solución a la financiación de sus necesidades y servicios habituales, “cuando realmente están aportando al territorio poco más de un 3% de sus beneficios en alquileres e impuestos, mientras que en otros países europeos superan el 30%”.

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