La concesión para la explotación privada de esta depuradora finaliza en 2024, tras un gasto de 494 millones de euros, y unos costes de explotación que doblan a los de la depuradora pública de l’Almozara. Por ello, la Red de Agua Pública de Aragón plantea la necesidad de “un diálogo con la alcaldía y los grupos municipales, en el que será indispensable que se escuche la voz de los colectivos vecinales y ciudadanos”.
