El sindicato asegura que la norma que incorpora al ámbito legal aragonés la Directiva europea de protección de los informantes es “papel mojado por la falta de desarrollo”, medio año después de su aprobación. La DGA “incumple con la obligación legal impuesta por la Unión Europea. A Jorge Azcón y su gobierno se les llena la boca denunciando desigualdades y arbitrariedades, pero en la práctica no muestran ningún respeto por la ley”, recalcan.
