Una sentencia del TSJA, pendiente de recurso, ha aceptado el argumento del Gobierno de Aragón, que por su propia negligencia e intencionadamente ha incumplido sus leyes, y veinte años de acuerdos en las Cortes para proteger el macizo Anayet-Partacua y la Canal Roya, para alegar torticeramente que dicha protección “está caducada”. Así, en un claro “conflicto de intereses” desprotege estos tesoros naturales para favorecer el interés económico de Aramón, a su vez participada al 50% por el mismo gobierno e Ibercaja.
