El movimiento ciudadano asegura que “las administraciones aprueban cuestiones de las que no se saben las consecuencias y es una irresponsabilidad política nunca vista. La DIA no tiene en cuenta la destrucción del valor ecosistémico, el proyecto no dice nada de la deforestación, no incluyen todas las hectáreas que se verán afectadas, ni contemplan afecciones a los ganaderos de extensivo”, entre otras.
