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Subidas abusivas del alquiler, abandono e inseguridad: Zaragoza también sufre los fondos buitre

El Sindicato de Inquilinas de Zaragoza arranca este jueves una campaña para denunciar la acción de los fondos buitre y las consecuencias que provocan a los y las arrendatarias. El derecho a una vivienda digna comienza por un parque público de vivienda y un marco legal.
| 24 octubre, 2019 12.10
Subidas abusivas del alquiler, abandono e inseguridad: Zaragoza también sufre los fondos buitre
Pancartas en las viviendas sociales del Actur.

El Sindicato de Inquilinos de Zaragoza comienza su campaña para denunciar la acción de los fondos buitre en Zaragoza. A pesar de la creencia popular que tiende a asociar la acción de los fondos buitres y de los agentes especuladores a las ciudades como Madrid, Barcelona o a la costa mediterránea, en la ciudad de Zaragoza también causan estragos.

Recientemente salía publicada en prensa la noticia de que Ibercaja había vendido un inmueble, cuyos residentes lo hacían en alquiler social, a un fondo buitre, propiedad de la familia Yarza. Sin embargo, el Sindicato de Inquilinas de Zaragoza asegura que “no es, ni mucho menos, el único caso del que tiene constancia el sindicato”.

Durante la recesión económica los bancos adquirieron una gran cantidad de inmuebles a los cuales no podían dar salida (por eso fueron considerados “activos tóxicos”). Para salir en rescate de los bancos se aplicaron políticas orientadas a, en primer lugar, comprar parte de estos inmuebles; creando así el SAREB (conocido como banco malo) que empleó 60.000 millones de dinero público en dar una salida a aquellos bienes de los bancos que no tenían valor en el mercado. Por otro lado, se redujo el tiempo de duración de los alquileres para poder repercutir en la renta mensual de estos las subidas de precios del mercado. Al mismo tiempo, se aplicaban reducciones tributarias para que estos agentes tuvieran ventajas fiscales, las conocidas como SOCIMIS.

Con el objetivo de sacar a relucir esta realidad se ha puesto el punto de mira en la inmobiliaria Altamira, la cual dispone de propiedades en Aragón y, además, ha comenzado una campaña con el objetivo de ganar visibilidad y sacar al mercado sus promociones.

La asociación quiere denunciar que un simple vistazo a su página web puede hacernos comprobar que una sola entidad dispone de más de 100 inmuebles puestos a la venta en Zaragoza, lo cual evidencia la cantidad de vivienda que han adquirido; impulsando en los últimos años una campaña de venta de activos masiva sin importar arramplar con los derechos de las personas que pudieran vivir en esas casas, ni mucho menos en como la especulación inmobiliaria que practican, redunda en las condiciones de todo el pueblo.

Esta entidad fue creada por el Banco Santander con el objetivo de gestionar estos “activos tóxicos” y, debido a las dificultades que encontraba para extraer beneficios de ello, en un corto plazo de tiempo fue vendida en 2014 a la firma Apollo (otro grupo inversor).

Además de viviendas en venta, Altamira gestiona muchos inmuebles en alquiler que muestran una serie de deficiencias ocasionadas por la ausencia de gestión y de mantenimiento y por la inseguridad que genera no tener un interlocutor físico (pues todas las gestiones se realizan a través de medios telemáticos y con gente que no reside en Zaragoza), ni personal ejecutivo con el que poder, por ejemplo, negociar la renovación de su contrato de alquiler.

Con esta campaña se pretende poner en conocimiento de todos los casos que existan con estos problemas en la ciudad de Zaragoza y denunciar el deterioro que esta situación supone para los inmuebles, así como concienciar de los problemas que esto ocasiona a los arrendatarios. Por ejemplo, subidas de la renta abusivas o falta de servicios esenciales.

La conquista del derecho a la vivienda digna pasa, para este colectivo, inexorablemente por acabar con este modelo de acumulación de la propiedad de la vivienda. “No puede ser que el beneficio de los especuladores esté por encima de los derechos de los inquilinos” y añaden, “es necesario un parque público de vivienda y un marco legal que proteja el derecho a poder fijar tu residencia de forma estable, duradera y sin que eso suponga destinar la mitad de tus ingresos a ellos o verte privado de los servicios que son inexorables al uso de la vivienda y, sobretodo y como condición inexcusable para ello, es necesario que luchemos todos juntos y nos organicemos para cambiar esta situación”.

24 octubre, 2019

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