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Subdelegación del Gobierno en Uesca solicita una sanción de 300 euros a dos activistas de PAH Fraga por colocar adhesivos en sucursales de Ibercaja

Lo hace, según aseguran desde la plataforma antidesahucios, en aplicación de la ‘Ley Mordaza’. La sanción queda en suspenso hasta que el Juzgado abra procedimiento contra los activistas.
| 13 agosto, 2018 10.08
Subdelegación del Gobierno en Uesca solicita una sanción de 300 euros a dos activistas de PAH Fraga por colocar adhesivos en sucursales de Ibercaja
Edificio de la Subdelegación del Gobierno y sede de la DGT en Uesca.

La Subdelegación del Gobierno en Uesca ha abierto expediente y solicita 300 euros de sanción para dos activistas de la PAH de Fraga por la «colocación de adhesivos en dos sucursales de Ibercaja en Fraga el pasado 5 de mayo», en protesta por el desahucio de una pareja de personas jubiladas que la entidad bancaria había llevado a cabo el día anterior.

La Subdelegación del Gobierno aplica en este caso la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como ‘Ley Mordaza’, por “deslucimiento de muebles o inmuebles de uso o servicio público, así como de bienes, muebles o inmuebles privados en la vía pública, cuando no constituyan infracción penal”.

No obstante, y según señalan desde el colectivo, la sanción queda en suspenso a la espera de lo que decida el Juzgado de Fraga sobre la denuncia presentada por Ibercaja.

PAH Fraga califica la sanción de “esperpéntica”, y denuncia “un intento de la Subdelegación del Gobierno de criminalizar y perseguir la lucha social mientras protege de manera infame los intereses de una entidad privada, en este caso un Banco, que desahucia a familias con total y absoluta impunidad”.

En opinión del colectivo antidesahucios, “la vergonzosa connivencia entre Gobierno y Banca es totalmente visible sin ningún tapujos, sancionando a quien protesta contra un desahucio al mismo tiempo que mira para otro lado cuando se desaloja a familias de sus casas con total impunidad”.

Por su parte, la defensa de los activistas pedirá la nulidad de todas las actuaciones por «graves irregularidades en el procedimiento, como el acceso sin consentimiento a los teléfonos de las dos personas denunciadas para tramitar la denuncia».

13 agosto, 2018

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