Stop Desahucios Zaragoza denuncia el nuevo convenio del Gobierno de Aragón

La plataforma se ha concentrado este viernes contra este convenio que lejos de “agilizar la atención de los desahucios” vuelve a caer en considerar que las personas afectadas lo son por alteración imprevista de las circunstancias económicas y, por lo tanto, quedan excluidas aquellas familias vulnerables con una precariedad permanente o en exclusión social

La Plataforma se ha concentrado este viernes frente a la sede del Gobierno de Aragón. Foto: @DesahuciadxsZGZ

En el mes de diciembre de 2018 saltó a la prensa la noticia del pacto de un nuevo convenio de colaboración entre Consejo General del Poder Judicial, Gobierno de Aragón y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias para, según decían, "agilizar la atención de los desahucios". Noticia, que desde las Plataformas, tomaron con reservas, “ya que el gobierno PSOE-CHA nos tiene acostumbrados a grades titulares y pocos cambios. Se dijo que desde la entrada en vigor de este convenio, el problema de los desahucios por impago de las cuotas de la hipoteca o de las rentas de alquiler se agilizaría y se podría solucionar hasta en tres semanas”, señalan desde Stop Desahucios.

Sin embargo, denuncian que la realidad ha sido “muy diferente”. Este nuevo Convenio además de la vulnerabilidad introduce la valoración de la "buena fe" según el artículo 18 de la Ley 10/2016 de 1 de diciembre, donde habla, otra vez, de alteración totalmente sobrevenida e imprevista de las circunstancias económicas.

En este apartado quedan excluidas aquellas familias vulnerables con precariedad permanente o en exclusión social, que son dependientes económicamente de prestaciones sociales, y que son las que mas problemas tienen para acceder al mercado de alquiler, que ante cualquier contingencia les impide afrontar el pago. Por lo que son eliminadas la mayor parte de las familias que han tenido un problema con el pago de sus rentas de alquiler. “Como ya hemos dicho muchas veces, la pobreza, después de mas de 10 años de crisis, se ha convertido en estructural, ya no podemos hablar de circunstancias sobrevenidas”, subrayan desde la plataforma antidesahucios.

A todo esto le se le añade que el IASS, que es quien tiene que valorar esa "buena fe" según este nuevo Convenio y hasta ahora solo valoraba la vulnerabilidad por problemas económicos, de momento no se ha puesto de acuerdo con el departamento de vivienda del Gobierno de Aragón, por lo que los expedientes están paralizados a la espera de que alguna de las dos instituciones los valore.

Es el caso de José y Samara, valorados positivamente hace 4 meses, pues tenían el desahucio el día 1 de febrero, pero que se aplazó en el Juzgado al estar ella embarazada de ocho meses, hasta el día 10 de mayo. Esta semana le dijeron que se paralizaba a la espera de una nueva valoración. “El viernes que viene la Consejería de Vivienda les deja en la calle con dos menores de 4 años y dos meses”, recuerdan desde Stop Desahucios Zaragoza.

Sandra Mendiara, monoparental con una hija de 10 años, tiene desahucio el 30 de mayo y se encuentra en la misma situación. Jose Miguel y Soledad, con una hija de 16 años, fueron valorados positivamente hace unos meses y, también esta semana, les llamaron para decirles que su expediente se encuentra pendiente de la valoración de buena fe. El martes 7 de mayo deben abandonar la vivienda.

En estos tres casos, explican desde la plataforma, así como el resto de casos que el IASS valoró positivamente el mes de marzo y antes de marzo en otros casos, cuando aún no se había publicado en el Boletín el nuevo Convenio, “se está poniendo en duda su derecho a un realojo antes del desahucio, retrasando la solución o incluso dejando sin solución habitacional y creando, así mismo, un perjuicio a los propietarios que no recuperan su vivienda por el retraso de la administración”.

Desde Stop Desahucios Zaragoza exigen a la administración que dé una respuesta inmediata a estas familias, así como al resto de casos en la misma situación. Exigimos además, de nuevo que se atiendan los casos de familias con desahucio que contempla la Ley 10/2016. Por este motivo se han concentrado este viernes ante el Gobierno de Aragón de 10.00 a 14.00 horas.

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