Stop Desahucios Zaragoza explica cómo el lunes pasado llegó a su asamblea Julio para contarles que le iban a desahuciar de su vivienda el próximo martes 14 al no poder pagar el alquiler desde hace meses. Julio vive con su mujer, su hijo de 16 años, su hija de 21 y una nieta de 15 meses en un piso del zaragozano barrio de las Delicias.
“Como muchas familias sufre directamente las consecuencias de una crisis de la que no es responsable", critica la plataforma. "En su día trató, haciéndose autónomo, de resolver su situación laboral y el resultado fue un montón de deuda que le resulta imposible afrontar”, añaden desde Stop Desahucios.
En este caso la propiedad es de una particular que tampoco cuenta con demasiados ingresos y tampoco es responsable de esta situación. La asamblea de Stop Desahucios le explicó las medidas que existen y Julio se acogió al convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón, FAMCP y CGPJ para las situaciones de vulnerabilidad. "En este momento está a la espera de que le den una respuesta desde el IASS una vez conseguido plazo para que estudien la situación”, apuntan.
Para Stop Desahucios "está más que clara la situación de vulnerabilidad de esta familia, sin ingresos y con una deuda que ahora son incapaces de asumir". En este sentido hacen un llamamiento urgente al Gobierno de Aragón a resolver la situación de esta familia amenazada de desahucio, así como la de otras decenas de familias ajenas a la plataforma que "nos consta también han solicitado acogerse al Convenio y esperan solución”, detallan, y continúan explicando que “también necesitan solución los propietarios de las viviendas particulares, que esperan el pronto realojo de las familias, para poder recuperar sus viviendas”.
Por ello, desde Stop Desahucios denuncian una vez mas que "el Convenio, al carecer de rango de ley, obliga a las familias a vivir con la soga al cuello hasta el día del desahucio forzoso". "No hay ninguna seguridad en su aplicación -continúan-, y cuando esta se produce, en muchas ocasiones, llega apenas días o incluso horas antes del desalojo". Además los criterios del propio Convenio son "excluyentes" y "no da cobertura a todas las familias deudoras de buena fe por causas sobrevenidas, ni tampoco a todas las que se encuentran en exclusión social”.
“Faltan medios, humanos y materiales en la administración aragonesa para resolver la emergencia habitacional que vivimos", denuncia Stop Desahucios "por activa y por pasiva". "No basta con suspender los desahucios, es necesario que el Gobierno de Aragón resuelva con celeridad la totalidad de los realojos", sostienen. Para ello "es urgente que se multiplique el parque de vivienda de alquiler social" ya que, según los datos de esta plataforma, en la bolsa de vivienda de alquiler social del Gobierno de Aragón hay más de 3.000 familias apuntadas.
En este sentido afirman que “no es tolerable que la falta de legislación y las trabas administrativas dejen a estas familias sin una solución". Y advierten que la "situación de emergencia social" hace imprescindible que se tomen "medidas urgentes”. Por estos motivos Stop Desahucios Zaragoza junto al resto de las plataformas de Aragón han iniciado la campaña Aragón sin Desahucios y exigen al Gobierno de Aragón un decreto que garantice la moratoria de los desahucios a "deudores de buena fe" así como el realojo de las familias que no puedan pagar su alquiler. Exigen también un parque público de vivienda suficiente para acoger a las familias en riesgo que han solicitado vivienda de alquiler social. Y piden la expropiación de uso de las viviendas vacías del ‘banco malo’ y de "la banca rescatada por todos”, concluyen.
