La Plataforma Stop Desahucios Zaragoza ha hecho pública una nota de prensa en la que denuncia las situaciones que se están encontrando en relación a la vivienda en Aragón. "Desde hace tiempo hemos oído en varias ocasiones decir a nuestros gobernantes que desde que ellos están en el Gobierno, ningún aragonés que tenga problemas con el impago del alquiler se quedará en la calle", recalcan. Desde la Plataforma, han denunciado "repetidamente, que esto no es real, que no se están dando soluciones a los problemas de vivienda que nos afectan".
Para poner un ejemplo, de los muchos que se encuentran en Stop Desahucios, denuncian el caso de Manuela P. R., de 62 años y su madre de 84. Ella sufrió una enfermedad que le dejó en una situación de desempleo, lo que llevó a no poder pagar el alquiler de la vivienda que habitaban. Ante esta situación, especialmente vulnerable, el Gobierno de Aragón le asignó una vivienda, que han pagado todos los meses a pesar de sobrevivir con una ayuda de 426 euros mensuales.
"El problema viene -sostienen-, cuando el propietario de la vivienda, generalmente las viviendas que el Gobierno de Aragón destina al alquiler social están conveniadas con organizaciones sociales y son de propiedad privada, decide, en su legítimo derecho, que ya pasados los años de contrato legal, quiere recuperar su vivienda. Es entonces cuando DGA se lava las manos y únicamente tiene como respuesta que como ya no es un desahucio por impago no van a solucionar el problema", subrayan.
En el caso de Manuela, la situación de vulnerabilidad es exactamente la misma, está en búsqueda activa de empleo, pero se ve dificultado por la edad y la situación de precariedad laboral actual. "Además, no cuentan con un tejido familiar que pueda ayudarles en este problema, por lo que si tiene que salir de la vivienda, se quedarían en la calle", reconocen desde Stop Desahucios.
Según afirman, Manuela ha ido en "múltiples ocasiones" a la DGA y "no le han dado ninguna solución" y desde la Plataforma aseguran haber enviado correos denunciando la situación, "sin recibir ninguna respuesta".
"Hoy, día 2 de enero, Manuela, tenía que haber entregado las llaves, pero ha sido imposible, no tienen alternativa, con lo que ellas entran en una situación de 'precario' y el propietario no puede recuperar la vivienda, teniendo que iniciar un procedimiento judicial con el perjuicio económico que conlleva", explican desde el colectivo.
Desde la Plataforma Stop Desahucios denuncian que estas situaciones se repiten "demasiado habitualmente". Recalcan que "no es cierto lo que venden, que las familias se quedan en la calle, que no se aplican las leyes que ellos mismos aprobaron y que estas situaciones, lejos de solucionarse, están en las mismas cifras que en los años más duros de la crisis". Por eso reclaman poner fin a las numerosas "promesas incumplidas".
