Stop Desahucios: "CAI/Caja3 no negocia, denuncia"

Hoy jueves, a las 17.30 horas, la Plataforma Stop Desahucios Zaragoza acudirá a la sede central de CAI/Caja3 para solicitar la suspensión de los procesos de ejecución y la apertura de negociaciones con las personas afectadas. De esta forma la Plataforma quiere mostrar su respuesta ante la reciente denuncia por vía penal que CAI/Caja3 ha presentado en un juzgado de la capital aragonesa contra 52 personas que participaron en una acción pacífica de Stop Desahucios el pasado 7 de marzo y que ahora están acusadas de "ocupación ilegal" y "coacciones". La Delegación del Gobierno en Aragón habría facilitado a la …

Foto: Stop Desahucios Zaragoza
Foto: Stop Desahucios Zaragoza

Hoy jueves, a las 17.30 horas, la Plataforma Stop Desahucios Zaragoza acudirá a la sede central de CAI/Caja3 para solicitar la suspensión de los procesos de ejecución y la apertura de negociaciones con las personas afectadas. De esta forma la Plataforma quiere mostrar su respuesta ante la reciente denuncia por vía penal que CAI/Caja3 ha presentado en un juzgado de la capital aragonesa contra 52 personas que participaron en una acción pacífica de Stop Desahucios el pasado 7 de marzo y que ahora están acusadas de "ocupación ilegal" y "coacciones".

La Delegación del Gobierno en Aragón habría facilitado a la CAI los datos de las 52 personas identificadas por la Policía en la protesta. Así lo ha denunciado Stop Desahucios, que convocó la concentración, e Izquierda Unida, entre otras organizaciones. Según la plataforma, solo los agentes solicitaron la documentación a la mayoría de las personas presentes, por lo que "ha tenido que ser el delegado del Gobierno quien haya facilitado esos datos a la CAI".

En un comunicado, IU ha ofrecido sus servicios jurídicos a las personas afectadas, y ha denunciado el "colaboracionismo de la Delegación del Gobierno como responsable de los cuerpos y fuerzas de seguridad, habiendo realizado un atestado de un acto pacífico y ofrecido los expedientes para la denuncia". También el Partido Comunista de Aragón ha mostrado su oposición contra la criminalización de la respuesta ciudadana a los desahucios, "su imputación por la vía de lo penal, pone de manifiesto que el objetivo es amedrentar a quienes dicen basta y criminalizar la respuesta social, máxime cuando esta se dirige a las bases del origen de la crisis capitalista actual: el sistema financiero transnacional y la especulación desenfrenada".

Entre las personas denunciadas se encuentra Victorio Sevilla, un sacerdote que apoya a la plataforma, así como un representante del Ayuntamiento de Zaragoza y otra del Gobierno de Aragón en el Consejo de la CAI, que intentaron mediar entre la entidad y Stop Desahucios, y dos periodistas que cubrían la información, uno de El Periódico de Aragón y una redactora de Radio Zaragoza. Agentes de la Policía Nacional desalojaron uno a uno a los participantes en la sentada, que duró aproximadamente una hora. Algunos de los denunciados no lograron entrar y se mantuvieron en la puerta, donde también fueron identificados.

Todos los jueves se realizará algún tipo de protesta frente a la sede central de la entidad y la Plataforma ya tiene diseñada una estrategia de movilización continuada para las próximas semanas y meses. "No tenemos miedo y no pararemos hasta conseguir una negociación justa con las familias afectadas" afirman desde Stop Desahucios, que el viernes 22 de marzo, a las 10.00 horas, también acudirá a la sede de la CAM/Banco Sabadell en la Gran Vía para apoyar a Rafa y su familia.

CAI/Caja3 líder en procedimientos de ejecución hipotecaria en Aragón

La Plataforma Stop Desahucios afirma en un comunicado hecho público en su página web que "CAI/Caja3 es la entidad que, durante las últimas décadas, más ha perjudicado con su gestión a trabajadores, autónomos, a sus propios empleados y a toda la población residente en Aragón". "Paradójicamente creada por la Acción Social Católica con objeto de ser un instrumento de integración y de amortiguación de las diferencias y dificultades sociales, hoy en día, se niega a adoptar la dación en pago en sus negociaciones, condenando a familias trabajadoras a la exclusión social y la muerte civil, a través de la enajenación de su vivienda y el reclamo de una deuda ilegítima e impagable que perseguirá a las familias de por vida" añade la Plataforma.

En el comunicado Stop Desahucios señala que "el anterior equipo directivo de CAI/Caja3, cómplice de la Burbuja Inmobiliaria y responsable de asumir múltiples operaciones con riesgos que no eran asumibles, creó un agujero de 1.500 millones de euros. Lejos de depurar responsabilidades por su mala gestión, la CAI premió a dos de sus directivos con las siguientes indemnizaciones: Tomas García Montes recibió 4,5 millones de euros; Juan Antonio García de Toledo recibió 2,5 millones de euros".

"El Banco de España recientemente obligó a Caja3 a recortar los sueldos e indemnizaciones excesivas de las que disfrutaba su cúpula. Entre otros tendrá que reducir el sueldo a su máximo directivo, Luis Miguel Carrasco, por superar el límite de los 500.000€ brutos anuales que estableció el Gobierno. Por su parte el Gobierno ha facilitado que CAI/Caja 3 haya recibido grandes cantidades de dinero público en forma de avales, prestamos al 1% del BCE y rescates directos. El último rescate supuso más de 400 millones de euros de fondos públicos" recuerda Stop Desahucios.

60 casos de desahucio han contactado con la Plataforma Stop Desahucios de Zaragoza. 37 de ellos se han sumado a una propuesta de negociación colectiva "a la que la dirección de la CAI no se ha dignado contestar" lamentan desde Stop Desahucios. La suma de la deuda que arrastrarían estas 37 familias una vez perdida su vivienda es de 4,5 millones de euros, cifra inferior a la suma de las indemnizaciones de sus dos directivos y correspondiente a 8 años y 1/2 de sueldo bruto de Luis Miguel Carrasco, según los datos de la Plataforma. Solo con el 1,5% del valor del último rescate a CAI/ Caja3, se podría cubrir el coste que supone conceder la dación en pago a todas las familias afectadas en esta negociación a la que están vinculadas más de 100 personas.

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