El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA) ha pedido “auxilio” al ministro de Función Pública, Óscar López, ante el incumplimiento del Gobierno de Aragón liderado por Jorge Azcón de la ley estatal “que obliga a acabar con el abuso de la contratación temporal en la DGA y compensar a sus víctimas”. Con una acción de protesta han denunciado ante el ministro la “insumisión legal” de la DGA, y han reclamado “la intervención” del gobierno del Estado español para “acabar con una injusticia con miles de perjudicados”.
Con motivo de la visita del ministro responsable de las Administraciones Públicas a Binéfar –La Llitera–, donde ha clausurado el XII Foro Rural, representantes de STEPA han formado con pancartas la palabra “Auxilio” y le han entregado una petición resumiendo “la situación que sufren los empleados temporales en Aragón, y sus consecuencias para todos los ciudadanos”, y le han demandado “compromiso para abordar esta situación de manera justa y efectiva”. El ministro se ha mostrado “receptivo” y ha conversado varios minutos con los y las delegadas sindicales, antes de participar en el foro.
El sindicato –tercera fuerza en la Administración General aragonesa junto a CATA– ha explicado que han dado este paso “por la total negativa del Gobierno de Aragón a cumplir con la Ley 20/21, que obliga a que las plazas públicas para atender necesidades permanentes deben estar cubiertas con personal fijo, y a compensar a quienes han sufrido años de contrataciones temporales en estos puestos con concursos de estabilización”.
Así, el límite legal de temporalidad fijado es del 8%, sin embargo en nuestro país, según el último boletín estadístico de personal publicado, llega al 47,6%, más de 29.000 trabajadores y trabajadoras sobre un total de 61.000 dependientes del Gobierno de Aragón. “Mientras, el gobierno de Jorge Azcón intenta maquillar los datos mediante ceses ilegales de interinos con décadas de experiencia, derivando en el actual deterioro de los servicios públicos”, recalcan desde el sindicato.
Asimismo, STEPA señala que “la principal causa de esta excesiva temporalidad es el incumplimiento por parte del Gobierno de Aragón de la aplicación de las leyes de estabilización, al no haber identificado adecuadamente las plazas, no ejecutar a la fecha legal de 31 de diciembre de 2024 la totalidad de los concursos de méritos y haber, durante años, publicado y ejecutado unas escasas ofertas de empleo público”.
Tres demandas para el Gobierno del Estado español
Ante esta situación, el sindicato ha reiterado que “la solución pasa por el cumplimiento estricto de la normativa y las sentencias europeas, antes de que los Tribunales obliguen a hacerlo, con las consecuencias económicas por sanciones e indemnizaciones”. Para ello demanda, junto a otros sindicatos que defienden a los interinos e interinas aragonesas “una Ley de punto final” nacional y estatal “que obligue a las Administraciones Públicas a reconocer la situación de abuso que afecta a cientos de miles de trabajadoras y trabajadores del sector público” en el Estado español y en Aragón “garantizando su estabilidad laboral y sancionando a las administraciones abusadoras como la aragonesa”.
La petición al ministro de Función Pública reclama así “el apoyo del gobierno en el marco del Proyecto de Ley de la Función Pública, el reconocimiento de la figura de fijo a extinguir, a través de las enmiendas presentadas, para quienes hayan superado los límites legales de temporalidad o encadenado contratos sin justificación. Y que el personal cesado en situación de abuso de la temporalidad tenga derecho a estabilizar su puesto, siempre que haya recurrido administrativa y/o judicialmente su cese”.
Igualmente solicita “una auditoría a las Administraciones que como el Gobierno de Aragón, no han alcanzado el 8% de temporalidad legal fijado para el 31 de diciembre de 2024”. Y que, en caso de que se observe la falta de identificación de plazas que cumplen con la Ley 20/21 o una cantidad claramente insuficiente “exigimos que se lleve a cabo una ampliación de plazas mediante un concurso de méritos”, aseveran desde STEPA.
Finalmente, el sindicato reclama a Óscar López “negociar directamente con los sindicatos y plataformas que representan al colectivo de personal público temporal, ya que son los interlocutores válidos que han demostrado su compromiso en la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras más vulnerables frente a los sindicatos mayoritarios”.
STEPA subraya que este es “el único camino para evitar sanciones de la Comisión Europea por el incumplimiento de su normativa y para lograr un servicio público de calidad y eficiente”.
