El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA) denuncia que la Diputación General de Aragón ya cuenta con más trabajadores con contrato temporal que fijos. Así lo muestran los datos oficiales del último Boletín estadístico del personal al servicio de la administración aragonesa, que señalan que el índice de temporalidad sigue manteniendo su constante alza desde 2015. Según este informe, en junio, en la Administración autonómica trabajaban 59.974 personas, de las que 29.254 eran fijas (49%) y 30.540 temporales o interinas (51%).
Con respecto al anterior boletín, el porcentaje de temporales ha aumentado más del 1,5% en apenas un semestre, ya que en diciembre de 2022 era del 49,5%. Además, este ascenso no hace sino repetirse de forma constante año tras año. En junio de 2015, los empleados temporales eran el 40% y respecto a esa fecha, la plantilla autonómica ha aumentado en casi 9.000 personas, pero ahora hay menos contratos fijos que entonces.
El porcentaje de temporalidad incluye tanto a los funcionarios interinos como a los laborales con contrato temporal, pero es especialmente alto en estos últimos y llega al 55,6%.
Todo ello prueba que el Gobierno de Aragón utiliza de forma masiva y sistemática a empleados y empleadas temporales para atender necesidades permanentes de su servicio en Administración General, Sanidad o Educación, lo que supone vulnerar la normativa europea; una práctica que la DGA utiliza sin pudor cuando castigaría con duras sanciones a cualquier empresa privada que practicase esta política laboral.
Por colectivos, el 45,6% de los empleados trabaja en el Servicios de Salud, el 30,2% son docentes y el 20,4% en Administración General. En todos los sectores, la temporalidad es constante, con unos datos, respectivamente, del 52, 48 y 56 por ciento.
Otras cifras que muestra el Boletín sobre los trabajadores y las trabajadoras de la DGA son que la edad media es de 46,7 años y que predominan ampliamente las mujeres, que suponen el 74,8% de la plantilla. Por otra parte, apenas teletrabaja el 1,4% del total.
El "caso absoluto" en la administración aragonesa
STEPA denuncia el “caos absoluto” en la gestión de personal de la Administración autonómica, con cientos de procesos selectivos sin resolver, gran parte de ellos caducados, miles de funcionarios y funcionarias en comisiones de servicio de larga duración, más del 8% de vacantes, puestos que no son capaces de cubrir y una temporalidad desbordante”. Es la “herencia de la nefasta política laboral del cuatripartito de Javier Lambán”; problemas que son actualmente noticia, como la falta de auxiliares de educación especial, profesorado o personal sanitario vienen de que no se han estabilizado las plazas.
STEPA reclama al actual Ejecutivo “un cambio de rumbo con medidas urgentes y de calado para garantizar la calidad del empleo y de los servicios que se prestan a los ciudadanos” y subraya en que la solución solo puede venir del cumplimiento de la Ley 20/21 de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad, que en aplicación de la normativa europea obliga a dar la posibilidad de consolidar su puesto en un proceso extraordinario, por concurso de méritos o concurso-oposición, a todos los empleados públicos con más de tres años encadenando contratos temporales, lo mismo que sucede en el sector privado.
El sindicato recalca "que la legislación estatal ofrece ahora como instrumento de cumplimiento el Real Decreto Ley 5/2023 (Decreto “escoba” aprobado antes de las últimas elecciones) que insta a todas las Administraciones a convocar nuevos concursos de méritos para solucionar las carencias de los anteriores procesos a raíz de la Ley 20/21, pero que deben prepararse de forma inmediata, ya que estas ofertas extraordinarias deberán estar aprobadas antes del 31 de diciembre".
El cálculo del sindicato es que unos 17.000 empleados y empleadas temporales pueden optar a consolidar su plaza por estas vías y los datos de antigüedad en el puesto del boletín de personal avalan esta cifra. En efecto, el dato oficial del boletín es que hay 31.579 personas que llevan más de 3 años en la Administración: (sumando los diferentes apartados); con una temporalidad media del 51%, habría aproximadamente unos 16.100 interinos en abuso, cifra cercana a la que siempre ha denunciado STEPA.
Sin embargo, el Ejecutivo de Javier Lambán solo incluyó en la oferta de estabilización 2.552 plazas, sin atender la reclamación de identificarlas a todas y que la mayoría fueran por concurso de méritos. De esta manera, no se cumplirá con la obligación legal de reducir la temporalidad en la administración aragonesa por debajo del 8% antes del fin de 2024, lo que pone en peligro la llegada de fondos europeos y también puede dar lugar, finalmente, al pago de cuantiosas indemnizaciones.
El PP se comprometió a cumplir con la Ley 20/21
A este respecto, el sindicato recuerda que "el Partido Popular, así como su socio de gobierno el PAR, fueron dos de los partidos –junto con IU- que antes de las elecciones se comprometieron por escrito con STEPA a cumplir sus principales reivindicaciones: convocar estos procesos en el menor plazo posible y no ofrecer las plazas identificadas en ningún otro sistema de provisión de puestos".
Dado que continúan en marcha los procesos convocados durante el mandato de Javier Lambán, STEPA ha demandado "que este compromiso comience a manifestarse ya y se den, finalmente, los pasos para acabar con la inasumible temporalidad en la Administración aragonesa".
