El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza de Aragón (STEA) continúa oponiéndose a "la financiación pública de los colegios del Opus Dei separen o no al alumnado por sexo". Para STEA "no es suficiente con que se ponga el horizonte en eliminar los conciertos si hay segregación por sexos". Señalan que la realidad de la concertada es que, "aunque sea mixta, utiliza estratagemas para filtrar al alumnado en función de la clase social, nacionalidad de origen, etnia o necesidades educativas".
Además, desde el sindicato denuncian que se permita a estos centros privados adquirir la categoría de concertados y resaltan que se sigue financiando las escuelas privadas con el dinero público. "Las 'cuotas voluntarias' que se aplican en la mayoría de estos centros suponen una barrera para la entrada del alumnado más desfavorecido socioeconómicamente. El alumnado migrante con dificultades lingüísticas se deriva a la pública, y a los que tienen necesidades educativas especiales les señalan pronto la puerta de salida", advierten.
Desde STEA afirman que "no hay motivo que justifique el hecho de destinar los recursos públicos a la educación privada". Sostienen que "los centros públicos se financien con fondos públicos, y los privados que lo hagan con fondos privados". "Si no hay recursos públicos suficientes para asumir a todo el alumnado, lo que habrá que hacer es destinar ese dinero que se emplea en la concertada en aumentar la red pública", destacan desde el sindicato, abogando por pasar de las tres redes actuales de enseñanza (pública, concertada y privada) a dos: pública y privada sin subvenciones.
El sindicato recuerda que "muchos colegios mantienen aún el ideario de centro, ideario que puede interferir no solo con la selección y la cientificidad de los contenidos, sino con los valores cívicos socialmente aceptados que se espera de la enseñanza reglada".
STEA denuncia "que los pagos de las cuotas contradicen lo dispuesto en el artículo 88 de la LOMLOE, el cual prohíbe a los colegios privados concertados percibir cantidades a las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito, imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieren aportación económica por parte de las familias de los alumnos". Sin embargo, el sindicato conoce una relación de al menos 29 centros privados que cobran cuotas en Aragón, hecho que puso en conocimiento de Inspección Educativa para que "tome las medidas legalmente previstas por tan flagrante violación de la ley".
