El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza de Aragón (STEA) denuncia que el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón “quiere limitar la negociación para regular las actividades extraescolares a cuánto se paga por acompañar una actividad, sin garantizar la seguridad jurídica del profesorado”. Ante la propuesta que se va a llevar esta semana a la Mesa de Negociación, STEA ha subrayado que acudirá “con la prioridad inequívoca de que la Administración asuma su responsabilidad y ofrezca respuestas concretas, porque una compensación económica no convierte unas condiciones inadecuadas en aceptables”.
Desde STEA recuerdan que la acusación contra dos profesores del IES Ítaca de Zaragoza por el fallecimiento de un alumno durante un viaje de estudios a Bélgica ha motivado la suspensión de las actividades complementarias y extraescolares en numerosos centros educativos de nuestro país y “la reclamación unánime de que se establezcan con claridad en una norma aragonesa los límites de la responsabilidad docente, los protocolos de actuación, las condiciones organizativas exigibles y las garantías del personal docente y el alumnado fuera del centro”. El sindicato considera que el Gobierno de Aragón “quiere cerrar en falso este debate reduciéndolo al aspecto económico”.
Para el sindicato, “antes de hablar de dinero, es preciso garantizar condiciones adecuadas, seguridad jurídica y reconocer el trabajo que se realiza. Es preciso establecer con qué medios se realiza, quién asume cada responsabilidad, cómo se computa el trabajo y cuándo descansa el profesorado”. Por ello, en la negociación de esta semana reclama “que la Administración educativa aragonesa priorice las ratios, la protección jurídica, incluida la defensa penal, la jornada laboral y los descansos antes de abordar las compensaciones monetarias”.
“Las actividades complementarias y extraescolares tienen un gran valor educativo. Precisamente por ello, su organización debe contar con recursos suficientes, criterios comunes y respaldo institucional. Su desarrollo no puede descansar sobre la disponibilidad ilimitada del profesorado ni sobre la asunción individual de incertidumbres que corresponde resolver a la Administración”, asevera STEA.
Ratios suficientes y protocolos ante las incidencias
Como un aspecto fundamental de esta regulación, STEA exige que “las ratios respondan a la edad y las características del alumnado, la duración, el entorno y el riesgo de cada actividad”. Por ello, rechaza una clasificación basada únicamente en la etapa educativa “que resulta insuficiente para atender necesidades muy distintas”.
También reclama protocolos que permitan responder a situaciones previsibles, como un alumno que necesita acompañamiento médico, un docente que enferma o una emergencia que obliga a dividir la atención al grupo. “La seguridad requiere una dotación de personal que permita atender estas situaciones sin dejar al resto del alumnado con una supervisión insuficiente”, señala.
Responsabilidades delimitadas y protección jurídica
Igualmente, el sindicato reclama una delimitación expresa de las responsabilidades del profesorado, los equipos directivos y la Administración, educativa aragonesa, “que incluya garantías de asistencia jurídica, en especial en la defensa penal, y claridad sobre las coberturas de responsabilidad civil y accidentes, para que el profesorado pueda saber qué se le exige, con qué medios cuenta y qué respaldo recibirá”. STEA pide que esta regulación “concrete los procedimientos ante accidentes, conflictos y emergencias, y aborde expresamente las responsabilidades durante las horas nocturnas en actividades con pernocta”.
En cuanto a los derechos del profesorado, STEA añade que se reconozca el tiempo dedicado a preparar, coordinar, desarrollar y evaluar estas actividades, incluidos los desplazamientos y las horas que exceden la jornada ordinaria. Respecto a los viajes, señala que es imprescindible “diferenciar el trabajo efectivo, la disponibilidad y los periodos reales de descanso, ya que una actividad de varios días no puede organizarse sobre la expectativa de una vigilancia docente las veinticuatro horas del día, sin turnos ni descansos garantizados. La negociación debe proteger la conciliación y la voluntariedad, regular las actividades en fines de semana, festivos y periodos no lectivos y garantizar un descanso suficiente al regreso, teniendo en cuenta los desplazamientos posteriores al domicilio”.
Como último aspecto, STEA demanda criterios comunes para todos los centros públicos de Aragón, con recursos, apoyos y planificación suficientes. “Las condiciones laborales no pueden depender de la comarca, del centro o de la interpretación particular de cada equipo directivo. La regulación debe atender, además, las necesidades específicas de los centros rurales y las actividades que requieren desplazamientos largos”, recalcan.
Los centros educativos aragoneses siguen suspendiendo extraescolares
Para el sindicato aragonés de la enseñanza, solo tras negociar todos estos aspectos tiene sentido abordar los planteados por el Departamento de Educación de la DGA. Según STEA, “las dietas, los gastos y las compensaciones por el trabajo realizado deben negociarse y reconocerse. Pero no pueden utilizarse para dar por resueltos los problemas de seguridad, organización y protección del profesorado”.
STEA recuerda que de no lograrse unas soluciones adecuadas en el proceso de negociación nuevamente abierto, “podemos encontrarnos con la suspensión de actividades en un gran número de centros de enseñanza. El curso pasado sucedió así casi en un centenar y en el este mes de octubre ya son 33 los que lo han hecho, mientras que en otros casos se ha optado por suspender las actividades con pernocta o fuera de la localidad donde se ubica el colegio o el instituto, sin recuperar la normalidad en este tipo de actividades”.
“Las actividades extraescolares necesitan garantías y el compromiso del profesorado merece recursos, protección y derechos”, concluyen desde STEA como clave para la regulación.
