El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, y la directora general de Vivienda y Rehabilitación, Verónica Villagrasa, se han reunido este miércoles con representantes de la Coordinadora de Vivienda de Aragón. Una reunión que pese a los anuncios de la DGA para la plataforma antidesahucios ha finalizado sin "un compromiso nítido o no ha existido un compromiso por parte de la consejería de atajar esto de una manera valiente y eficaz".
La coordinadora ha presentado ante Soro "la lista de la vergüenza" pero el consejero se ha remitido ha asegurar que ya está cumpliendo la ley 10/2016, de medidas de emergencia en el acceso a la vivienda “teniendo en cuenta que la vulnerabilidad sea acreditada por los servicios sociales”. La principal denuncia de la Coordinadora de Vivienda es precisamente que no se está cumpliendo esta ley debido a que "no existe una coordinación efectiva entre consejerías que corresponden a una misma administración que es autonómicas y que las familias que se ven en esta situación no pueden cargar sobre sus espaldas la falta de coordinación y de operatividad los servicios sociales y vivienda". Desde la plataforma reconocen que el consejero se ha comprometido a hablar con el IASS para mejorar la comunicación. Un compromiso que, aseguran, es una "obviedad" y solo sirve para "echarse la pelota de un tejado a otro pero nosotros sentimos que esa pelota al final se cae entre los tejados de los dos dejando a las familias desprotegidas".
Como ha explicado el consejero esta norma “recoge que los poderes públicos proveerán de una alternativa habitacional a las personas que de buena fe y en situación de vulnerabilidad se vean privadas de una vivienda”. El consejero ha explicado la necesidad de contar con más viviendas para dar esta respuesta y ha señalado que “en Zaragoza ciudad no contamos con viviendas vacías que sirvan para familias numerosas y eso es un problema que intentamos solucionar ofreciendo viviendas en otras localidades”.
Conscientes de esta situación, y para buscar una solución, se han asumido otros compromisos que están vinculados a la aprobación de los presupuestos de Aragón para el 2021. “La intención es contar con una partida para adquirir viviendas para destinarlas al alquiler social para ampliar el parque de vivienda, especialmente en la ciudad de Zaragoza”. Además, Soro ha anunciado que el año que viene se pondrá en marcha un nuevo programa vinculado al Plan de Vivienda Estatal, el programa 3, que servirá para dar una prestación económica a las familias de manera que puedan hacer frente al alquiler y resolver su situación habitacional. Se trata de una de las medidas que también solicita la Coordinadora de Vivienda de Aragón.
Unas promesas que para la plataforma llegarán tarde para las familias que están siendo desahuciadas en estas fechas: "Veníamos en una clave totalmente de emergencia y de urgencia entonces lo vemos bien pero sería ya de cara al próximo ejercicio, es decir, una vez aprobados los presupuestos de la comunidad, nos estamos situando en febrero como mínimo y ahora se vienen unos meses de mucho frío donde se van a dejar situaciones sin atender".
Además, desde la Coordinadora de Vivienda han recordado a Soro que el artículo 24 de la ley 10/16 recoge la cesión de uso de vivienda vacía en manos de las entidades financieras pero la impresión que han trasladado la plataforma después de la reunión es que "pese a nuestra sorpresa no quieren ni tratar el desarrollo de este artículo no sabemos qué razón puede haber pero es una vía que la ley les habilita para hacerlo pero no quieren explorarla".
Soro se ha referido también a otros temas trasladados desde la coordinadora, que no dependen del Gobierno de Aragón "pero en los que es necesario trabajar". Son cuestiones como la intervención en el mercado del alquiler o revisar la actual regulación de la moratoria de los desahucios, que en estos momentos se aplica a las causas derivadas del COVID-19. Soro ha recordado que “ya en 2015 intentamos aprobar una moratoria general para parar los desahucios por impago del alquiler hasta que se ofreciese una alternativa habitacional pero el Tribunal Constitucional dijo que no era competencia autonómica”.
