La asociación alerta del riesgo para los programas de atención, acompañamiento y prevención de la discriminación tras la desaparición de una línea de subvenciones dotada con 161.000 euros en la convocatoria anterior. Reclama al Gobierno de Aragón financiación suficiente y estable que garantice la continuidad de estos servicios durante 2026 y 2027.
La Asociación SOMOS LGTB+ de Aragón expresa su rechazo a la desaparición de la línea específica de apoyo a las personas LGTBI y sus familiares en la convocatoria autonómica de subvenciones de igualdad de trato y no discriminación para proyectos ejecutables en 2026 y 2027. La nueva convocatoria, regulada por la Orden DBF/1406/2026, de 30 de septiembre, ha eliminado esta línea de financiación, una decisión que ha generado críticas públicas.
Para SOMOS, esta medida supone un retroceso en el compromiso institucional con la diversidad sexual, familiar y de género. La entidad advierte de que la retirada de esta financiación específica introduce incertidumbre en programas que ofrecen apoyo a personas que sufren discriminación, rechazo familiar, aislamiento o dificultades para ejercer sus derechos.
La convocatoria anterior, aprobada mediante la Orden BSF/866/2025, contemplaba una línea específica para apoyar a las personas LGTBI y sus familiares, dotada con 161.000 euros. Estos fondos financiaban puntos de atención presencial, acompañamiento e información sobre derechos, acciones de sensibilización dirigidas a profesionales, agentes sociales, asociaciones de madres y padres del alumnado (AMPAs) y empresas, así como proyectos de participación social.
La asociación considera que la desaparición de esta partida exige una explicación pública y una respuesta que garantice la continuidad de las actuaciones. En este sentido, reclama al Ejecutivo aragonés que concrete qué recursos sustituirán a esta financiación, cómo podrán acceder a ellos las entidades y qué medidas evitarán que las personas atendidas sufran las consecuencias de esta decisión.
Las leyes de igualdad exigen actuaciones efectivas
SOMOS recuerda que las obligaciones legales de protección frente a la discriminación siguen vigentes y deben cumplirse con independencia de las prioridades políticas de cada gobierno.
La Ley 18/2018, de igualdad y protección integral contra la discriminación por orientación sexual, expresión e identidad de género en Aragón, establece en su artículo 7 el deber de las administraciones de velar por la no discriminación. El artículo 8 exige una política proactiva de integración de las personas LGTBI, con instrumentos y estructuras que garanticen su viabilidad. Además, el artículo 41 contempla la evaluación del impacto sobre la orientación sexual, la expresión y la identidad de género, así como la adopción de medidas para corregir los efectos negativos detectados.
Por su parte, la Ley 4/2018, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de Aragón, recoge en su artículo 2.2 el apoyo al movimiento asociativo y a sus proyectos en este ámbito. Su artículo 8 establece la obligación de garantizar servicios de información, orientación y asesoramiento para las personas trans y no binarias, incluidos sus familiares y personas allegadas.
La asociación considera que eliminar el apoyo específico sin garantizar una alternativa suficiente, accesible y estable puede comprometer el cumplimiento efectivo de estas obligaciones. Por ello, exige al Gobierno de Aragón que explique cómo garantizará la protección y los servicios previstos en la legislación.
Asimismo, reclama transparencia sobre la justificación de la medida, la evaluación de su impacto y las actuaciones previstas para evitar perjuicios. Para SOMOS, el reconocimiento de derechos debe ir acompañado de los recursos necesarios para ejercerlos efectivamente.
Riesgo para la atención y el acompañamiento
El presidente de SOMOS, Juan Diego Ramos, advierte de que la incertidumbre financiera puede traducirse en una reducción de las horas de atención, dificultades para mantener los equipos profesionales, interrupciones de actividades y una menor capacidad para responder ante situaciones de discriminación.
La atención especializada permite detectar necesidades, orientar sobre derechos, acompañar a las personas afectadas y coordinar respuestas con los recursos públicos. También facilita que familiares, profesionales y centros educativos dispongan de herramientas para actuar ante situaciones de rechazo o acoso.
Debilitar estos
