Ante la pasividad e inacción de las administraciones públicas aragonesas, tan solo la movilización y presión social canalizada a través de plataformas anti-desahucios es capaz de mitigar el drama personal, familiar y social que supone un desahucio.
Que el Gobierno de Aragón y los ayuntamientos (sobre todo los de los grandes municipios con un presupuesto mayor) podrían hacer más para dar cumplimiento al precepto legal que describe el Derecho a la Vivienda, es una obviedad. Como lo es que no está en su agenda solucionar este grave problema social, ni modificar las políticas económicas que sitúan el pago de sus compromisos con los bancos antes de cualquier programa de ‘rescate ciudadano’.
Stop Desahucios Zaragoza informa de 6 nuevas familias con un desahucio inminente
En la última asamblea de Alquiler-Vivienda de Stop Desahucios Zaragoza abordaron la situación de 6 familias, con 12 menores, amenazadas de desahucio inminente en Zaragoza. Todas ellas han solicitado en los juzgados acogerse al convenio de colaboración firmado por DGA, CGPJ y FAMCP sin que por el momento tengan una solución desde las administraciones aragonesas a esta solicitud.
Desde Stop Desahucios explican que se trata de “María José, con una discapacidad del 54% y con desahucio señalado para el día 19, de Shura y Oscar y sus hijos de cuatro y siete años en el barrio de Torrero, con desahucio señalado el día 25, de Francisco y su pareja junto a su hija de tres y su hijo de siete años en el barrio de San José con desahucio señalado para el dia 27, ese mismo día está señalado el de Oscar junto a su pareja y sus dos hijos, también Wuday y Mohamed junto a sus 4 hijos tienen aplazado por quince días desde el día 12 el desahucio de su domicilio en el barrio de Las Fuentes, Y Jalal y Rachida y su hija de 5 años y su hijo de 7 del barrio de Torrero con desahucio aplazado desde enero”.
“Repetimos lo expresado en el comunicado leído en la concentración en memoria de Esther. Cuando decimos que #HayVidasEnJuego no es un eslogan publicitario. Los desalojos forzosos de las viviendas habituales someten a las personas y familias a una presión difícil de explicar para quien no se ha enfrentado a ella… No exageramos cuando decimos que es urgente una normativa aragonesa que impida los desahucios, es por ello que redoblamos nuestro compromiso con la campaña #AragónSinDesahucios y con la manifestación convocada el próximo 28 de febrero en Zaragoza en defensa de la moratoria de desahucios, la política de realojo y el alquiler social”, enfatizan desde Stop Desahucios Zaragoza.
La campaña Aragón Sin Desahucios va llegando a todas las comarcas
El pasado 10 de febrero el Liceo de Alcanyiz acogió la presentación de la campaña “2015, Aragón Sin Desahucios” en un acto organizado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca - Stop Desahucios del Baixo Aragón.
Allí explicaron que “el objetivo final de la campaña es lograr la puesta en marcha durante los 6 primeros meses de la próxima legislatura de un Decreto Aragonés de la Vivienda que con tres medidas, tan urgentes como irrenunciables: terminar con los desalojos forzosos en Aragón, moratoria, realojos y alquiler social”.
Unos días antes fue la ciudad de Uesca donde de la mano del grupo de Vivienda del 15M en Uesca se explicó parte de las propuestas de la campaña. “La primera fase de esta campaña, será de información y movilización en todo el territorio aragonés, que se extenderá de manera escalonada hasta la celebración de una gran manifestación por el derecho a la vivienda el próximo 28 de febrero en Zaragoza”, explicaban.
“Aragón está viviendo una situación de ‘emergencia habitacional’. Solo en la primera mitad del pasado año se realizaron 522 lanzamientos por arrendamientos impagados y 398 por ejecuciones hipotecarias, esto supone, que más de 150 familias aragonesas pierden su vivienda cada mes”, recordaban.
Asimismo, en lo que estos colectivos de apoyo mutuo definen como ‘la no campaña electoral’, explicaron también la tercera fase de esta campaña: “las PAH-Stop Desahucios son plataformas de afectados, por tanto plurales y apartidistas por definición. Así que haremos una ‘no campaña electoral’ y pediremos que nadie vote a las candidaturas que hayan negado con anterioridad su compromiso con las medidas de urgencia contenidas en la propuesta de Decreto Aragonés de la Vivienda de las plataformas aragonesas”.
Las iniciativas políticas chocan contra el muro neoliberal
Algunos grupos políticos han entendido la urgencia y gravedad de la ‘emergencia habitacional’ en Aragón, pero se trata de grupos políticos que por el momento no gobiernan en las grandes instituciones aragonesas. Sirva de ejemplo la iniciativa del grupo parlamentario de CHA, que solicitó información al Gobierno de Aragón sobre el número de viviendas alquiladas en Uesca desde noviembre de 2013, a través de la Red de Bolsas de Viviendas para el Alquiler Social.
Según el Gobierno de Aragón, “se cuenta con 83 solicitantes que cumplen los requisitos para ser beneficiarios, de una de las 64 viviendas con las que se cuenta”, lo que a juicio de CHA demuestra “lo escandaloso de todo esto es que teniendo 83 solicitantes que cumplen los requisitos y cuya necesidad es un techo digno, solo se han entregado 4 viviendas, información que se calla la administración aragonesa”.
Otro ejemplo, más reciente, sería la propuesta presentada por José Ángel Miramón, diputado de IU en la Diputación de Zaragoza, dando traslado al pleno de esta institución de una iniciativa de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca-Stop Desahucios. Así, el Pleno de la Diputación de Zaragoza aprobó “apoyar la creación de una bolsa de 5.000 viviendas de alquiler social para la lucha contra los desahucios”.
Miramón reclamó “una legislación aragonesa que impida el drama de los desahucios”, incidiendo en “la situación de emergencia social que hace imprescindible que se tomen medidas urgentes, garantizando la moratoria de los desahucios a deudores de buena fe, así como el realojo de las familias que no puedan pagar su alquiler”, y añadiendo que “todo ello es imposible sin un parque público de vivienda suficiente para acoger a las familias en riesgo que han solicitado vivienda de alquiler social”.
