Un total de 20 hombres y ninguna mujer conforman la sección cuarta de Derecho Penal de la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia, a la que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha encargado un estudio sobre la tipificación en el Código Penal de los delitos de agresión sexual y abuso tras la polémica sentencia por la violación grupal que tuvo lugar en los Sanfermines de 2106, por la que los cinco acusados fueron absueltos del delito de violación, imputándoseles un delito de abuso sexual.
La elección del grupo de 20 hombres de la que es responsable Catalá responde una desigualdad de género que se muestra únicamente en las altas esferas de la judicatura. De los 120 vocales que forman las cinco secciones que componen la Comisión General de Codificación, solo 17 son mujeres.
En el caso de la sección de Derecho Penal, la representación femenina es nula. Mientras que diez mujeres componen las secciones de Derecho Civil y Derecho Mercantil, formadas por 29 y 26 miembros, respectivamente. Tres mujeres forman parte de la de Derecho Público y cuatro de la de Derecho Procesal, que cuentan con 26 y 19 vocales respectivamente.
Sin embargo, el ministro podría haber sido más diligente, pues en los propios estatutos de la Comisión General de Codificación se advierte que "cuando se trate de asuntos para los que se considere conveniente la colaboración de otras personas por su especial competencia, aquellas podrán ser nombradas por el Ministro de Justicia vocales adscritos de la Comisión, incorporándose a una Sección, ponencia o grupo de trabajo, con el fin de colaborar en estos durante el tiempo que sea preciso".
Resulta sorprendente la escasa proporción de mujeres en la Comisión General de Codificación, pues según los datos de 2016 del Consejo General del Poder Judicial, el 52,4% de la judicatura en activo son mujeres.
En este sentido el PSOE ha anunciado que presentará una proposición en el Congreso de los Diputados para cambiar los estatutos de esta comisión, que incorpore un nuevo artículo para garantizar la paridad del organismo, en cumplimiento de la legislación sobre "igualdad efectiva de mujeres y hombres".
