Algunas de las respuestas a una entrevista realizada por María Dolores Pascual, presidenta de la CHE, son -a juicio de CHA- “una demostración de falta de sensibilidad absoluta con los territorios y las personas que han sufrido o sufren las consecuencias de obras hidráulicas o explotaciones hidroeléctricas”.
En el caso de Chanovas “escudarse en la burocracia para no invertir en su vuelta a la vida es realmente insultante, y mucho más culpar de tener que redactar otra vez el plan de Chanovas a la DGA por haber llevado la luz y el agua”. Por ello, Joaquín Palacín, presidente de CHA, asegura que “no vamos a consentir que nadie se ría de quienes después de tanto sufrimiento, abuso y sinrazón, apuestan decididamente por el futuro de Chanovas, con una casa acabada, cinco en construcción y tres a punto de iniciar obras, la mayor parte como primeras viviendas, algo difícil de entender por visto para la presidenta de la CHE, María Dolores Pascual”.
“En el caso de las afecciones del embalse de Almudévar, decir que la restitución territorial es para los embalses en cauces porque de lo contrario el territorio se ve beneficiado, y que la inundación fue suficientemente compensada cuando se pagó el precio de las fincas inundadas, es realmente increíble, si tenemos en cuenta que es incuestionable que la inundación de 1.000 hectáreas supone una merma de actividad económica para el municipio sostenida en el tiempo”, explica Palacín.
Por ello, desde CHA afirman que “la presidenta de la CHE demuestra que no tiene ninguna voluntad en incluir compensaciones para los municipios en los pliegos que se van a redactar para explotar las concesiones hidroeléctricas, con argumentos peregrinos como que no podemos fijarnos en el modelo francés porque allí cuentan con una ley de montaña y porque Électricité de France es pública, pero se atreve a aconsejar a los ayuntamientos a que presionen para modificar la ley por la actividad empresarial que se desarrolla para poder obtener ingresos vía fiscal”.
“Creemos que no puede estar al frente de la CHE ninguna persona que no tenga sensibilidad máxima con quienes más han sufrido y han visto pisoteados sus derechos por las políticas que se han diseñado desde esa institución desde hace décadas, y por ello lo mejor que puede hacer María Dolores Pascual es dimitir. Vamos a trasladar estas declaraciones de la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Ebro al Senado, para conocer si el Gobierno de España coincide y respalda las mismas”, ha concluido Palacín.
