Con motivo del Día Internacional de las Personas Migrantes este 18 de diciembre, la ONG Oxfam Intermón pide al gobierno del Estado español “que encuentre fórmulas para sacar adelante la regularización extraordinaria de más de medio millón de personas”.
El ejecutivo de coalición PSOE-Sumar puede acudir a distintas vías si no es posible tramitar la proposición de ley que sigue estancada en el Congreso. Esa proposición surge de la iniciativa legislativa popular que fue apoyada por la sociedad civil con 700.000 firmas y por más de 900 entidades. La regularización extraordinaria ha sido apoyada en declaraciones públicas hasta “por la Iglesia católica y representantes de la CEOE”, recuerdan desde Intermón.
“Si la aritmética parlamentaria no da para sacar adelante una ley que garantice sus derechos a personas que ya viven en nuestro estado pero que carecen de ellos, el gobierno debe buscar otras fórmulas utilizadas en anteriores ocasiones, como en la catástrofe de la DANA en Valencia o en otras regularizaciones extraordinarias”, demanda María José Gascón, responsable de migraciones de Oxfam Intermón.
La ONG pide también que se garantice “el derecho al empadronamiento en todos los municipios, ya que ese trámite es la puerta de entrada para acceder a la regularización y a otros derechos y obligaciones”.
Oxfam Intermón subraya que hay innumerables razones éticas y prácticas, destacando sobre todas “la dignidad y la justicia hacia una numerosa parte de nuestra población que vive en un limbo legal, expuesta a la explotación, a la desprotección o a la exclusión de facto de servicios públicos esenciales como la educación o la sanidad por un periodo mínimo de dos años, en el mejor de los casos”.
De hecho, según una reciente encuesta de Oxfam Intermón, la situación de irregularidad administrativa es percibida como el segundo tipo de desigualdad más intensa en el Estado español, sólo superado por la brecha entre ricos y pobres. Así, en una escala de cero (nada desigual) a diez (extremadamente desigual), las personas encuestadas puntúan de media con un 7,3 la desigualdad entre personas nacidas en el Estado español y migrantes en situación irregular. Esta percepción es mayor entre las personas de origen extracomunitario (7,8) que en las nacidas en el Estado español (7,3).
Se da la paradoja de que en el Estado español “la migración ha sido determinante en nuestro pasado y sigue siéndolo en la construcción de nuestro presente y futuro”, dice María José Gascón , y añade que “la contribución de las personas migrantes es un factor clave en el crecimiento de la población, que alcanza una tasa del 4,2%. Los extranjeros en nuestro estado aportan un 10% de los ingresos en la Seguridad Social y sólo suponen un 1% del gasto, según fuentes del propio Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones”.
Asimismo, Oxfam Intermón destaca que “la cifra de personas en situación irregular podría crecer de forma significativa por el nuevo reglamento de extranjería y su impacto directo en las personas solicitantes de asilo, que, si ven su solicitud denegada, pierden la antigüedad a la hora de intentar regularizar su situación por arraigo. El tiempo medio de espera para ese trámite es de año y medio”.
Preocupación por la deriva en la UE
La organización social muestra también su preocupación “por el deterioro sin precedentes de las garantías y derechos en las políticas migratorias europeas, como la reciente decisión del Consejo de la UE que da amparo a los Estados miembros para realizar detenciones y prohibiciones de entrada más prolongadas, así como llegar a acuerdos con un tercer país sobre centros de retorno”.
Según Oxfam Intermón, el reciente acuerdo de los ministros de interior de la UE “para permitir sustituir las reubicaciones por contribuciones financieras, rompe el ya mermado equilibrio entre solidaridad y responsabilidad, y evidencia una vez más que el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo supone una amenaza a la vida, la dignidad y los derechos de millones de personas”.
Finalmente, Oxfam Intermón valora positivamente “la responsabilidad demostrada por el gobierno español con su oposición y abstención, respectivamente, en estas dos últimas decisiones. No obstante, le insta a que, a nivel estatal, materialice este compromiso con el marco de derechos humanos con el despliegue de una implementación del Pacto en el Estado español que sea lo más respetuosa posible con la protección de los derechos de las personas migrantes”.
