Los actuales recortes en servicios públicos perpetrados por la DGA tienen su origen en la deriva sectaria del gobierno de coalición ultraliberal PP-Vox-PAR, y se extienden por todos los Departamentos, con especial virulencia en los de Sanidad y Educación. Es una cuestión puramente ideológica, pues en esta ocasión no tienen la excusa de las imposiciones austericidas de la troika.
Al tiempo que Azcón presume de su gestión económica, de las millonarias inversiones de multinacionales (extractivistas) foranas y de la creación de miles de nuevos puestos de trabajo, ordena a su gobierno recortar servicios públicos para favorecer a las empresas privadas, normalmente de su círculo de influencia.
“Un decisión errónea tomada con beligerancia y oscurantismo que se puede revertir”
Entre estos recortes, son especialmente dañinos los que se producen en el medio rural aragonés. Así, el departamento de administración y gestión del IES Fernando Lázaro Carreter de Utrillas -Cuencas Mineras-, ha elaborado un breve informe, en el que enumeran la los “hechos acontecidos derivados de la comunicación de la supresión del Grado Medio en Gestión Administrativa, perteneciente a la familia profesional de Administración y Gestión en nuestro centro, y las acciones que como departamento afectado hemos llevado a cabo”.
Entienden que la DGA ha actuado con “oscurantismo en la decisión, ya que a nuestro departamento se nos comunicó la decisión de supresión del Grado Medio, en fecha viernes 10 de mayo, y la oferta formativa salió publicada definitivamente el martes 14 de mayo. Este tipo de decisiones son de gran importancia para el sector educativo y social de la zona en la que se imparten los estudios y se deben realizar siempre, contando con todas las partes implicadas. Este hecho elimina el margen de reacción que otros centros sí que tuvieron ante decisiones similares, como es el caso del IES Matarranya, el cual no se congeló, paso previo y lógico antes de una supresión. Más allá, el ocultar esta información elimina la transparencia en el proceso y deteriora, por sus consecuencias inmediatas, las relaciones de todas las partes implicadas”.
Continúan relatando como “el jueves 30 de mayo por la mañana, antes de la concentración que organizamos en la Plaza del Ayuntamiento de Utrillas a las 18 horas, se nos citó vía mail desde la dirección de nuestro centro, esa misma mañana y sin conocer el contenido de la reunión que íbamos a mantener, en el salón de actos. Allí nos encontramos con el inspector, la asesora de formación profesional de Teruel y el equipo directivo. Más que una reunión informativa sobre cómo se produjo la decisión de supresión, se nos leyó el Estatuto Básico del Empleado Público y se nos recriminaron conductas pasadas. Fue una reunión indeseada y fuera de lugar, por el tono beligerante en el que se produjo y su contenido, sin saber a día de hoy, qué objetivo perseguía”.
“Paralelamente, como departamento afectado y una vez conocida la decisión tomada por los Servicios de Planificación de Formación Profesional, iniciamos una campaña de recogida de firmas y apoyos expresos por parte de empresas y entidades de toda índole. Como resultado de esta campaña, obtuvimos 3.000 firmas de particulares y 90 de empresas y empresarios de la comarca, que se enviaron al Director del Servicio Provincial de Educación de Teruel, con registro de salida en la sede de la Comarca de las Cuencas Mineras. Contando también con el apoyo de la Comarca Cuencas Mineras, Ayuntamientos, Movimiento de Acción Rural, AMPA y distintas empresas ubicadas en el entorno de las Cuencas Mineras, así como de alumnos y partidos políticos tales como Teruel Existe, PSOE y CHA. También, de todos los sindicatos, que unánimemente y desde la Junta de personal docente no universitario de Teruel, nos brindando su apoyo y disponibilidad con el fin de solicitar explicaciones y conseguir la reversión de la decisión tomada”, recalcan.
Explican que “posteriormente a esta campaña de recogida de firmas y apoyos, convocamos una concentración en la plaza del Ayuntamiento de Utrillas, el jueves 30 de mayo a las 18.00 horas a la que asistieron entre 350 y 400 personas”.
Asimismo, “el jueves día 13 de junio, mantuvimos una reunión con el Director Provincial de Teruel, José Luis Castán Estebán, en la que le transmitimos que había alumnado interesado en seguir cursando estos estudios, en esa fecha ya contábamos con siete personas dispuestas a cursar los estudios. Además, se le facilitó toda la información que nos fue solicitando, realizando una comparativa económica entre la posibilidad de cursar un Certificado Profesional y cursar los estudios de Grado Medio. También, se ahondó en el trabajo realizado por el departamento en años anteriores, observando como resultado que las aulas de los Ciclos Formativos de Grado Básico de nuestra familia profesional, se encuentran casi llenas y, gran parte del alumnado de estos últimos estudios, pretende continuar sus estudios en el propio centro a través del grado medio”.
“Para acabar con la despoblación, tienen que ser las leyes las que se adapten al mundo rural”
Todas estas actuaciones han sido llevadas “por el convencimiento de que, para acabar con la despoblación, tienen que ser las leyes y las normas las que se adapten al mundo rural y no ser el mundo rural quien esté en constante adaptación a la normativa. Valorando siempre la implicación y el esfuerzo de la comunidad educativa en aquellos lugares sensibles y vulnerables. En una zona rural y despoblada como la Comarca Cuencas Mineras, esta decisión deja sin continuidad a dos ciclos más, poniéndolos en riesgo e implicando un deterioro de las posibilidades que tiene cualquier persona, y sobre todo las personas más jóvenes, para desarrollarse y establecerse en su entorno”.
A juicio del profesorado afectado, los recortes “siendo un agravante más, para la despoblación y la imposibilidad de generar un proyecto de futuro en nuestra zona geográfica. Es por ello, que se debería haber consultado, como mínimo a la comunidad educativa antes de tomar una decisión tan importante como esta. Y no prohibir, al Servicio Provincial de Educación de Teruel y a la Dirección del IES Fernando Lázaro Carreter, la comunicación de tal decisión. Y hubiera sido aconsejable informar a los órganos de gobierno de nuestro centro educativo, como lo es el Consejo Escolar”.
En este sentido, afirman estar “convencidos de que la decisión tomada es errónea. Todavía se puede rectificar y no dejar sin continuidad al alumnado del Ciclo Básico de Servicios Administrativos, teniendo en cuenta, además, que el centro se encuentra dentro del programa PROA+, debido al alto número de alumnado vulnerable en la zona. Lo que repercute directamente en la disminución de alternativas formativas para el alumnado de 16 a 18 años, que tienen una capacidad limitada de actuación debido a su edad”.
“A todo esto debemos sumarle la significativa desventaja geográfica en la que se encuentran, teniendo otros centros educativos de referencia de este tipo de estudios en Alcañiz, Andorra y la ciudad de Teruel, lo que hace inviable para muchos de ellos el desplazamiento a otras localidades”, enfatizan.
“Por ello, una vez más”, reiteran su posición “de incomprensión ante tal situación” y solicitan “se abra el periodo de admisión, para que nuestro alumnado pueda inscribirse. De lo contrario y ante una baja inscripción en el proceso de admisión, solicitamos se proceda a la congelación de la matrícula por un periodo razonable, hasta comprobar si existe o no suficiente alumnado dispuesto a cursar los estudios puestos en duda, pues la supresión es la última vía de actuación y siempre llevada a cabo después de la congelación de matrícula”.
“Queremos hacer hincapié en que, en las Cortes de Aragón, se ha defendido en múltiples ocasiones, la rectificación del Partido Popular y de la Consejera de Educación. Y pese a todo lo mencionado anteriormente, hay algo que nos resulta del todo incomprensible: en Teruel las posibilidades formativas disminuyen en comparación con el resto de comarcas, por lo que si presuponemos que todos defendemos el mundo rural y que nos encontramos ante la misma situación, y que sin formación no existe posibilidad de arraigo en el territorio y sin arraigo, no hay futuro. Solicitamos la reversión de la supresión del Ciclo Administrativo de Grado Medio en Utrillas”, concluyen.
En lugar de rectificar y atender las demandas del territorio, el Gobierno de Aragón apuesta por desmantelar la FP en el medio rural
Al igual que otros partidos, sindicatos, empresas y entidades de la sociedad civil, CHA ha denunciado que el Gobierno de Aragón ha denegado definitivamente el grado medio de administración y empresas en el IES “Fernando Lázaro Carreter”, lo que supone “un auténtico desmantelamiento de la FP en el medio rural perpetrado por PP y Vox”. Por ello, CHA anuncia que va a presentar “diferentes iniciativas para proteger e impulsar los grados de FP en los centros educativos, especialmente los del medio rural”.
Así, Javier Carbó, secretario territorial de CHA en las comarcas del sur del país, junto a la portavoz comarcal en Cuencas Mineras, Concha Villamil, y Oliver Navarrete, presidente del Ligallo de Redolada, y el vicesecretario territorial de la formación, Marco Negredo, mantuvieron una reunión en Utrillas “con distintas personas que forman parte del Departamento de Administración y Gestión del IES Fernando Lázaro Carreter”.
“La cuestión es que no desaparece todavía el Grado Superior, pero se cree que a corto o medio plazo, tres o cuatro años máximo, podrían suprimirlo igualmente. De este modo quienes deseen estudiar el Grado Medio deberán hacerlo en otro centro, lo que dificultará que regresen al IES de Utrillas para estudiar el Superior. Recordamos que el Grado Medio de gestión administrativa va a continuar impartiéndose en Teruel, Andorra y Alcañiz”, explican desde CHA.
Carbó explica que “debido a las características de esta comarca, con continua pérdida y envejecimiento de su población, no debemos permitir la eliminación de servicios ni de ningún Ciclo Formativo del IES y más en el de gestión administrativa, dejando sin continuidad al alumnado del Grado Básico de Servicios Administrativos. La mayoría del alumnado desea continuar con sus estudios en la misma familia profesional”.
“Como informan desde el Departamento del centro , y compartimos totalmente desde CHA, tratándose nuestra comarca de una zona rural y despoblada, eliminar esta oferta formativa dejando sin continuidad dos ciclos más, lo que supondrá un deterioro de las posibilidades que tiene la juventud para formarse y establecerse en la comarca. Las decisiones no se deben tomar con números, sino midiendo el impacto de sus consecuencias. Estamos en una comarca donde las oportunidades no sobran, por lo que es importante mantenerlas”, recalcaba Carbó.
“En las comarcas turolenses” explica Carbó, “tampoco podemos aceptar que se trate de igual forma un ciclo formativo en el medio rural que en una ciudad. No podemos porque no somos números. A mayor oferta de ciclos formativos, la posibilidad de fijar población es mayor”.
“Es más, son las empresas y administraciones de la zona las que demandan continuamente al IES, alumnado con este perfil. Y es que el sector público y privado precisan de personal con funciones de auxiliares administrativos”, concluyen desde CHA.
