El pasado 17 de noviembre los coordinadores del COA hacían llegar un escrito a la dirección del centro en el que dejaban constancia de que la atención a las y los menores ingresados se había deteriorado de manera "alarmante" en las últimas semanas. "En ese momento el equipo educativo estaba superado por la situación que causaba la saturación del centro por número de menores atendidos -mayor de lo permitido legalmente-, por dificultad de perfiles y por situaciones personales de los menores, estando prácticamente la mitad ellos con tratamiento o seguimiento psiquiátrico", informan en una nota de prensa Educadores en Lucha.
Se alertaba en dicho escrito de que el personal educativo adscrito al COA era insuficiente para atender las necesidades de este número de menores y que esto causaba "situaciones de alto riesgo incapaces de paliar". "Pese a la urgencia que transmitía el escrito y la necesidad de una pronta respuesta a esta situación, ni el Gobierno de Aragón, ni INTRESS, entidad adjudicataria, han hecho nada al respecto una semana después de este aviso", denuncian.
Este martes, los coordinadores del COA emitían un nuevo escrito en el que alertaban de nuevo de esta situación de emergencia señalando que lejos de mejorar ésta se sigue deteriorando con la llegada de nuevos menores al centro. En su opinión, este hecho "agravaba la situación de emergencia, la desatención de las y los menores del COA y el maltrato institucional que están sufriendo en este momento a manos de la administración pública". En este escrito se demandaba nuevamente más personal para atender esta situación de emergencia, "sin que hasta el momento se haya producido ninguna respuesta por parte del Gobierno de Lambán ni de INTRESS", lamentan.
Los datos
El COA es un centro de acogida con capacidad para 24 menores en total, divididos en dos grupos de convivencia según su edad, un grupo de 6 a 14 años y otro de 15 a 18 años. Es decir, la capacidad de cada uno de estos grupos de convivencia es de 12 menores. A día de hoy el número de menores ingresados en el COA 2 (mayores) es de 18, mientras que el del COA 1 es de 7. Lo que da un total de 25 menores en el COA.
Según Educadores en Lucha, al problema derivado del gran número de niños y niñas se añade la dificultad de atender las necesidades específicas de muchos de ellos, siendo ocho el número de menores en tratamiento o seguimiento psiquiátrico, siete el número de menores que presentan adicciones graves a tóxicos, mientras que tres menores han superado el máximo legal de dos meses de estancia. "Muchos de los menores atendidos en el centro que no presentan ninguna de las características mencionadas han sufrido situaciones extremadamente graves en sus casas y llegan al COA buscando un lugar que les dé seguridad en primer lugar, algo que hoy por hoy este centro es incapaz de proporcionar. Esto ha hecho que algunos de los niños y niñas del COA estén solicitando incluso regresar a las casas de las que huyeron porque en el COA están aún peor que en sus domicilios", aseveran.
La responsabilidad política
El equipo educativo del COA lleva un año denunciando que la plantilla de educadores era insuficiente con el antiguo pliego, y que el nuevo diseñado por el ejecutivo de Rudi y firmado por el de Lambán hacía aún más precaria esta plantilla y ponía en riesgo la seguridad de las y los menores atendidos en el COA. Entre otras cosas porque no contempla un protocolo -como si hacía el antiguo pliego- para poder aumentar de forma rápida la plantilla de educadores en situaciones de emergencia como la descrita. "Pese a los continuos avisos, ni la empresa INTRESS, ni lo que es peor, el Gobierno de Aragón, han puesto ninguna medida para paliar las consecuencias negativas de este pliego en la vida diaria de los niños y niñas del COA", apostillan.
Este miércoles está prevista la visita al COA de varios diputados, en representación de todos los grupos parlamentarios, para conocer la realidad del centro. Aprovechando esta visita las y los educadores les harán llegar varios documentos en los que "queda de manifiesto tanto el maltrato institucional que se está perpetrando en el COA en la actualidad como la irresponsabilidad e incapacidad con la que la empresa INTRESS y el Gobierno de Aragón están gestionando esta situación".
