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Sin luces, sin caldera y pagando sin renovar el alquiler, el Sindicato de Inquilinas denuncia la gestión de un bloque de pisos de Zaragoza

Estos son algunos de los problemas que los y las vecinas de un inmueble del barrio zaragozano del Actur sufren desde que en 2013 el Banco Santader compró el edificio. El inmueble, construido en los años 90, fue en un principio destinado a Viviendas de Protección Oficial.
| 16 mayo, 2019 10.05
Sin luces, sin caldera y pagando sin renovar el alquiler, el Sindicato de Inquilinas denuncia la gestión de un bloque de pisos de Zaragoza
Foto: Sindicatos de Inquilinos.

Las luces del portal y de los rellanos fundidas, inundaciones en garaje, los ascensores han permanecido inutilizados durante varios días a pesar de que en el edificio viven personas mayores y personas con movilidad reducida, sin servicio de limpieza y administrador durante varios meses o atención de incidencias deficiente. Estos son algunos de los problemas que los y las vecinas de un inmueble del barrio zaragozano del Actur sufren desde que en 2013 el Banco Santader compró el edificio. Los alquileres que son gestionados por la inmobiliaria Altamira se encuentran en la calle Emilia Pardo Bazán.

De la mano del Sindicato de Inquilinas de Zaragoza, estas vecinas y vecinos denuncian que los problemas van desde lo individual de cada hogar como las calderas estropeadas, tuberías atascadas, deficiencias en el depósito de las fianzas en la DGA, hasta los problemas generales ya mencionados.

Sin embargo, para esta plataforma, los problemas llegan incluso a la hora de pagar el alquiler, “contratos sin renovar pero pasando cuotas igualmente, llegando incluso a haber vecinos que, ante reclamaciones de deuda de más de 1.000€, las cuales se originaban debido a que no pasaban el recibo, se han visto obligados a abandonar el edificio”.

Este grupo, asesorado por el Sindicato de Inquilinas de Zaragoza, asegura que ha intentado contactar con alguna persona responsable para solucionar estos problemas, pero, “tras un inicio en el que sí que parecía haber cierta predisposición por parte de los responsables, han dejado de atender las llamadas, mostrando que su voluntad está lejos de ser la de prestar los servicios que la ley impone a los arrendadores”, señalan.

Este tema es agravado por el hecho de que el inmueble, construido en los años 90, fue en un principio destinado a Viviendas de Protección Oficial. El Sindicato de Inquilinas aclara que, sin embargo, “ha quedado en propiedad de una entidad bancaria creando incertidumbre en la situación de los vecinos. Hay algunos cuyo contrato finaliza próximamente y no saben si renovarán o el banco se dedicará a generar beneficio económico a costa de los derechos de los arrendatarios”.

16 mayo, 2019

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