Este sábado, la Mesa aragonesa por la Renta Básica Universal, integrada por diversas organizaciones y movimientos sociales, firmó su Manifiesto en un acto público que en el Salón de Actos del Centro de Historia de Zaragoza.
A continuación se desarrolló una conferencia sobre la Renta Básica Universal organizada por ATTAC en Aragón en la que intervinieron Daniel Raventós, Doctor en Economía y profesor de Sociología en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona y uno de los principales teóricos de la renta básica en el Estado.
Según su Manifiesto, la Mesa por la Renta Básica Universal se constituye con el objetivo de impulsar y desarrollar acciones orientadas a difundir el concepto de la renta básica y a conseguir que ésta alcance carácter normativo. Para ello, la Mesa aragonesa se coordinará con plataformas similares que están trabajando con el mismo fin en otros territorios del Estado.
La Renta Básica Universal (RBU) es una asignación monetaria pública incondicional a toda la población, como derecho de ciudadanía. En palabras de Daniel Raventós, “se trata de una propuesta que pretende ser parte de una política económica diferente”. A nivel europeo existe un creciente interés por la RBU como herramienta para la lucha contra la pobreza y la desigualdad, con algunos proyectos piloto en marcha –como es caso de Finlandia o Países Bajos-.
En el Estado español, sin embargo, la RBU ha desaparecido de la agenda de los partidos que concurrirán a las próximas elecciones del 20 de diciembre, tal y como denunciaba José Luis Rey en su artículo 'La renta básica ante las elecciones del 20D, ¿una oportunidad perdida?'. Por ello, las organizaciones y colectivos sociales –como esta Mesa en Aragón-, insisten en aunar fuerzas para dinamizar e intensificar el debate sobre la RBU, difundiendo información contrastada y rigurosa que pueda permitir ampliar la base social.
"Así -afirman-, es necesario difundir la RBU e insistir en las diferencias con otras medidas con nombres similares que inducen a la confusión: renta mínima, renta garantizada, ingresos de inserción… Estas medidas no son universales ni responden a un derecho de ciudadanía. Son sólo prestaciones sociales, dirigidas únicamente a las personas en situación de pobreza, y muy condicionadas en su concesión (generalmente incompatibles con el empleo, temporales, insuficientemente financiadas, con seguimiento por parte de los servicios sociales con la consiguiente intrusión y estigmatización de los perceptores, etc), lo que las convierte en herramientas ineficaces para la lucha contra la desigualdad, la pobreza y la exclusión".
"La RBU no es una prestación social, es un derecho ciudadano, es una herramienta para el cambio en la política económica y en la forma de redistribuir los recursos en una sociedad", concluyen.
