En 2012 un grupo de trabajadores, de la hoy Avanza Zaragoza, creó una cooperativa (la SCUT) para optar a la gestión del transporte urbano colectivo en bus de la ciudad. Previamente, una gran variedad de colectivos sociales proponía la gestión directa, recuperando un servicio publico esencial para evitar que se hiciera negocio con la movilidad de los ciudadanos, rememora Julio Murillo en un escrito remitido a AraInfo este mismo jueves. Murillo es, precisamente, el presidente de la cooperativa. Ante la negativa del entonces gobierno municipal del PSOE, la cooperativa siguió adelante, "solo que con una oferta ‘simbólica’ ya que los pliegos del concurso impedían expresamente nuestra participación, y no queríamos desvelar nuestras cartas", añade.
"El concurso para obtener la gestión, lo ganó TUZSA, que al día siguiente lo vendió al grupo mejicano ADO, que no hubiese podido presentarse como tal", recuerda. Y añade que el "concurso a nuestro entender irregular, porque, como decimos, no permitía nuestra concurrencia, ni la de ninguna otra empresa que no fuese TUZSA, como así ocurrió, y como el TSJA sentenció en 2016 tras nuestra denuncia, y como el TS corroboró, en lo esencial, en 2020. Pese a ello, la contrata continuó hasta su final en 2023".
"Llegando la fecha, ante la inacción municipal y luego la intención, manifestada públicamente, del gobierno municipal de prorrogar la concesión por 4 años más, volvimos a reclamar al TSJA, que declaró ilegal la prórroga e instó al ayuntamiento a que al final de la concesión, en 2023, tuviese preparados los nuevos pliegos para un nuevo concurso", prosigue en su detallado relato de unos acontecimientos ampliamente seguidos por AraInfo. "TUZSA recurrió al TS está decisión, que nos volvió a dar la razón y rubricó la ilegalidad definitiva de la prórroga", recuerda. Una ilegalidad que no impidió que "la alcaldesa y su gobierno incumpliesen el mandato judicial y que, ahora, fuera de todos los plazos dados por la justicia, consolidasen la prórroga y una ilegalidad sostenida en el tiempo, obviando sentencias, permitiendo que una empresa extranjera pueda hacer negocio con la movilidad de los zaragozanos, en lugar de hacer su trabajo y gestionar el servicio como lo hacen en Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla, con altos índices de aceptación de los usuarios y beneficios para las arcas municipales", continúa Murillo.
"Efectivamente, como dice la alcaldesa, es el mayor concurso de España, pero se le olvida decir que en las ciudades importantes del país, no lo hay, y que de esos casi mil doscientos millones que costará la nueva contrata, incluidos los costes de explotación, alrededor de 100 millones, se los regalaremos al grupo mejicano ADO", calcula el presidente de la SCUT.
Cómo colofón a este periplo jurídico y concursal, añade que "los trabajadores hemos visto impotentes como hemos ganado todas y cada una de las veces que el juzgado se ha pronunciado y que, lamentablemente, no ha servido más que para que TUZSA, ADO y la alcaldesa, se nos rieran en la cara".
La SCUT no se presentará al concurso
"Y no, no nos volvemos a presentar, entre otras cosas porque pareciera como si los pliegos, estuviesen hechos a la medida de la actual concesionaria", sentencia Murillo. Para el representante de la iniciativa su trabajo "está hecho". Su principal objetivo desde el comienzo fue "intentar evitar con nuestros escasísimos medios, personales y económicos, que una gran corporación hiciese negocio con un servicio público esencial" señala.
"Allá cada cual con su posicionamiento en este asunto: trabajadores, sindicatos, políticos, usuarios, colectivos sociales, juristas...", añade con cierto tono de lamento. Y termina su comunicación considerando que "ahora vendría el trabajo de quienes nos representan, pero no lo hicieron en su día y ahora todo son palos en las ruedas, por no hablar de que son ellos mismos los que hacen las leyes para permitirlo, y las leyes para direccionar la justicia (dineros, plazos, dineros, recursos, dineros, contrarrecursos...) en la dirección del poderoso".
