La Inspección de Trabajo ha extendido dos actas de infracción a la empresa, Aralia Servicios Sociosanitarios, una por incumplir la normativa en materia de periodos de descanso de la plantilla con trabajo a turnos de todos los días de la semana -principalmente personal de limpieza, cocina y auxiliares- y otra por no existir causa justificativa acreditada de los contratos temporales eventuales por circunstancias de la producción.
“El convenio colectivo de aplicación en la empresa indica que el descanso semanal deberá ser de un día y medio sin interrupción (36 horas). El problema es que la empresa solapaba el día y medio con el descanso obligatorio entre jornadas de 12 horas”, señalan desde CGT, “es decir, el descanso semanal debe ser de 48 horas y no de 36, que es lo que venía aplicando la empresa en numerosas ocasiones”.
“Además, Aralia venía reduciendo los días de descanso a los que la plantilla tiene derecho, ya que si un festivo coincidía con el día de descanso semanal, no daba otro día a cambio, tal y como marca la normativa laboral”, continúan desde CGT. “Con ello queda patente la infradotación de personal que tiene esta residencia, puesto que de existir el número adecuado de plantilla no se producirían estos desfases en los descansos”.
En el oficio emitido por Inspección de Trabajo también se extiende acta de infracción a la empresa por la realización por parte de esta de contratos temporales sin causa concretada ni acreditada.
“La vulneración de derechos de las personas trabajadoras que se ha estado dando en esta residencia es flagrante”, dice la CGT, “se contrataba al personal con contratos temporales para los que no existía causa lo que, unido a la falta de descanso adecuado y a la falta de personal que ocasiona sobrecarga de trabajo en la plantilla, se logra así una precarización extrema de estas personas. Además, esto se traduce en una atención deficitaria para los usuarios y usuarias de la residencia”.
Además de la subsanación de estas irregularidades, Inspección de Trabajo ha requerido a la empresa para que facilite a los representantes de las trabajadoras y trabajadores “los cuadrantes reales de los turnos y horarios de los trabajadores, puesto que la empresa los varía a lo largo del año respecto del que entrega a principios de ejercicio”, señala CGT.
Externalizar -privatizar- servicios públicos perjudica la calidad del servicio y las condiciones laborales
Según explican desde la CGT, esta residencia se creó con capital privado y fue donada posteriormente al Gobierno de Aragón, y este la externalizó dándole la gestión a la empresa Aralia Servicios Sociosanitarios. Ya “en 2019 hubo quejas al IASS por parte de trabajadoras y familiares de usuarios y usuarias por falta de personal y otras deficiencias”, recuerda la CGT.
“Es inconcebible que se den estas condiciones laborales en ningún lugar, pero en una residencia propiedad del IASS, todavía más”, manifiestan desde CGT. “Esto deja constancia de que la externalización de servicios públicos no es en absoluto positiva. Estamos hablando de una residencia donde se atiende a personas mayores y dependientes, donde los medios puestos por la Administración deberían ser exquisitos para que la atención fuese más que adecuada. Y sin embargo, lo que se está obteniendo es la precariedad más absoluta de la plantilla y por ende, una atención deficitaria para los usuarios”, denuncia la CGT, que exigiendo “que este tipo de residencias se gestionen directamente por el IASS de forma inmediata”.
